El proyecto de Ley para la Regulación de los Créditos para Vivienda ha sido aprobado por la Comisión Especializada de la Asamblea Nacional y esta la debatirá en el pleno.
Pronto se convertirá en ley de la República. La argumentación y propósitos sociales son contundentes. No hay cómo escamotearla. Busca proteger a los deudores de la banca, que en muchos casos son víctimas de extorsiones y abusos por parte de banqueros insaciables.
Los 11 asambleístas de la comisión la aprobaron. Entendieron que no puede darse en el país lo que ocurrió en España, que afectó a miles de ecuatorianos, que al no poder pagar los préstamos les quitaron las casas hipotecadas y siguen endeudados, con el peligro de que les quiten otros bienes. En Ecuador eso no será posible, por las regulaciones recientes de la Junta Bancaria y esta ley.
Se argumentó en contra de ella, por parte de voceros de la banca privada. Han dicho que el monto debe reducirse, de 500 a 200 remuneraciones básicas unificadas, la responsabilidad debe ser compartida, los “pobres” banqueros no pueden correr riesgos, que puede darse una crisis y el país se afectará con “burbujas”, probar que los deudores no pueden pagar, las hipotecas deben ser abiertas, etc. etc.
La crítica de fondo ha sido contra el Biess, banco de propiedad de millones de ecuatorianos afiliados al IESS, no obstante que apenas ha tenido 180 casos de cartera vencida de un total de 56.800 operaciones de crédito por un monto de $1.870 millones (2008- 2011), lo que representa un 57% del total nacional. Para este año la meta es $900 millones y su participación será de un 60%.
No se debe criticar al Biess. Este concede créditos con todas las seguridades, avalúos reales, efectuados por peritos, montos, plazos largos y tasas bajas de interés correspondientes a la edad y capacidad de endeudamiento de cada cliente, hipoteca del inmueble. ¿Qué más se quiere?
El Biess no puede restringir créditos ni abundar en más seguridades. Tiene precalificados a un millón de potenciales clientes y participa en negocios fiduciarios inmobiliarios para construir decenas de miles de nuevas viviendas en su beneficio.
No se debe afectar su liquidez bajo ninguna fórmula, porque otorga, además de los hipotecarios, créditos de consumo y prendarios, participa en proyectos productivos del sector público y privado y realiza inversiones financieras para fortalecer la producción nacional. Por fin, su rentabilidad, sirve al IESS para que mejore y amplíe la cobertura de sus servicios e infraestructura.
El Biess no es responsable de nada malo. Todo lo contrario, es un puntal del desarrollo del país y base sólida del sistema financiero, que en el ámbito privado sí ha sido un desastre en muchos momentos y, como en la última crisis bancaria y “salvataje”, una verdadera sangría para la banca pública y el Estado. Por suerte, eso ya es historia en nuestro país, desde este Gobierno.
La ley busca proteger a deudores locales y migrantes, y no afectar al Biess y a sus dueños.