Frente al avance del proceso de cambio que dirige el gobierno de la Revolución Ciudadana, la oposición política utiliza sus últimos recursos e inventa estrategias para defender el sistema neoliberal y bloquear las nuevas formas de institucionalidad del Estado y el tránsito hacia el progreso del país y bienestar de los ecuatorianos.
En el transcurso de la era republicana, seleccionaban a los magistrados por influencia o como cuota política, según los convenios electorales. Hoy se inicia o se inaugura la independencia de la Función Judicial con la firme convicción de que la ciudadanía comenzará a confiar en la justicia en su contenido y dimensión.
En el colmo de la petulancia, los que se creían dueños de las cortes, hasta hace poco rato, proclamaban: “Somos la primera función del Estado. Estamos sobre las funciones Legislativa, Electoral y sobre la mismísima Presidencia de la República”. Ahora la derecha y sus aliados, reacios a perder sus privilegios y tras la derrota electoral, se empecinaron, mediante impugnaciones sin sustento, en obstruir la oficialización de los resultados de la consulta y referendo, para así frenar la reestructuración de la justicia.
La representante del movimiento RED no pudo ocultar sus fallidos propósitos, al admitir que no se iban a cambiar los resultados electorales, pero para justificar su desacierto argumentó que lo hacía obligada para cumplir con el proceso. No olvidemos que la justicia tarda, pero llega. Aseguraba Napoleón: “Hay ladrones a los que no se castiga, pero nos roban lo más preciado: el tiempo”.
El régimen del Socialismo Siglo XXI está convencido de que para mejorar la administración pública deben prevalecer la verdad y la justicia. El infractor de cualquier nivel social, con una renovada función judicial, no se librará de su respectivo juzgamiento. Pasará a la historia la impunidad o burla de la justicia. Con la aplicación de la ley, en su vastedad, los ecuatorianos recuperan su confianza en la justicia, reguladora como norma de convivencia.
Cubiertas todas las instancias del proceso de la consulta y referendo, se da paso a la inmediata disolución del controvertido Consejo de la Judicatura y a la integración del Consejo tripartito que asumirá el histórico mandato de reestructurar el arcaico sistema de justicia en el Ecuador. La administración de justicia de excelencia se vuelve un imperativo para imponer orden, seguridad y confianza.