Corresponde a los pueblos contemporáneos del Ecuador, de América y del mundo, buscar la forma de convertir a la ética en un instrumento apropiado para insertarlo en las actividades políticas cotidianas, en el manejo del poder y en la búsqueda de mecanismos para solucionar los conflictos que aquejan a las sociedades en todos los lugares del planeta.
En Ecuador, el presidente Correa ha decidido convocar a una consulta popular para someter al veredicto del pueblo ecuatoriano, un proceso que pregunte si debe ser obligatorio o no para un ciudadano que anhele ser candidato a la Presidencia de la República, declarar si tiene fondos y el origen lícito de ellos, en los denominados “paraísos fiscales”, recursos financieros que fueron llevados a bancos internacionales para evadir el pago de impuestos en beneficio y como sustento del Estado ecuatoriano.
La respuesta de los que se sienten aludidos a esta prohibición, no se ha hecho esperar para buscar argumentos inconsistentes que les permitan eludir la responsabilidad de este procedimiento, tendiente a escamotear una obligación ciudadana, llamada a compartir, con el pago de impuestos, las posibilidades de solucionar los grandes problemas que sufren los sectores más empobrecidos de la patria, por la falta de servicios básicos como la posibilidad de educar a sus hijos en un sistema de calidad y de calidez, para salir del círculo de la pobreza, así como, también, la opción de alcanzar un puesto de trabajo productivo, con ingresos suficientes para mantener a sus familias y lograr un nivel de equidad, construir una sociedad que requiere de esas posibilidades para forjar un país como el que soñaron los próceres de la independencia.
La propuesta ha enloquecido a personajes como el máximo dirigente del grupo CREO que se sintió afectado en sus intereses e hizo una ridícula oferta, como la de pedir a sus adherentes que suscriban la convocatoria para que la derrota de la consulta sea abrumadora y cuando un grupo de jóvenes acudió a la sede de ese movimiento para hacerlo, uno de sus dirigentes explicó que se trataba de una ironía. La argumentación de ese partidario, que representa a la denominada ‘bancocracia’ se convirtió en una sorna que no tiene sentido y, más bien, fortalece a la postura del proponente de la consulta, que responde así, con eficiencia y claridad política a la intención de los otros, de echar a perder el sentido de una prueba de la democracia, que reivindica la capacidad de discernimiento de un pueblo que ha alcanzado madurez en sus responsabilidades.
La ética debe ser, sin presiones, la insignia valedera de un proceso que idealiza la decencia de los gobernantes, que mantienen la solvencia de sus procedimientos, sin permitir que sombra alguna perjudique la imagen de seriedad, que es parte del ejercicio de una verdadera democracia.
Grandes sectores de la población tienen la certidumbre de que la consulta sobre la vigencia e importancia de ese proceso, afianzará la continuidad del período de estabilidad que ha vivido la democracia y el país en la última década.
Jugarretas como la que acaba de protagonizar el banquero de marras, de ninguna manera pondrá en riesgo la seriedad del proceso que va a vivir el país soberano.
La ética se mantendrá incólume y no hay riesgo de que ella se pierda, gracias a la severa autoridad del Presidente y sus colaboradores. (O)