Las instituciones del Estado para la administración del agua, desde la inicial Caja de Riego, han venido cambiando de nombre como han sido: Inerhi, Consejo Nacional de Recursos Hídricos, todas ellas han tenido aciertos, pero todas terminaron disminuyendo su eficiencia, centralizándose, burocratizándose y adoptando en su actividad un fuerte sesgo construccionista, perdiendo la perspectiva de organizar y capacitar a los usuarios del agua, sobre todo la campesina, actores sin los cuales es imposible una estrategia coherente para cumplir con el objetivo del desarrollo del país, justificando las inversiones financieras realizadas por el Estado.
Es necesario también establecer que sin herramientas para el aprovechamiento eficiente del recurso del agua tampoco es posible el desarrollo, esto significa la construcción de obras civiles, entre las cuales debemos reconocer la Represa Daule-Peripa, estructura que forma un lago de veinte y cinco mil hectáreas y almacena seis mil millones de metros cúbicos de agua. Sin esta obra, en circunstancias de sequía como las actuales, Guayaquil, la ciudad más populosa del Ecuador, estaría tomando agua salada; y provincias como Santa Elena y Manabí, que obtienen agua de la Cuenca del Guayas, mediante los trasvases, pueden asegurar su futuro desarrollo como una realidad factible.
En el mundo, el consumo agrícola de agua dulce (riego) es el 70%, del total de toda el agua utilizada para los diferentes usos, y la FAO estima que la escasez del agua destinada al riego será cada vez mayor en algunos lugares y regiones, y su escasez limitará la producción de alimentos.
Este atentado de la naturaleza (que ahora está personalizada) contra nuestra seguridad alimentaria es el peligro real que debemos solucionar, a nuestro favor tenemos que estamos situados en la cuenca hídrica más rica de la costa del Pacífico.
Las investigaciones realizadas por organismos internacionales indican que es un hecho comprobado que la sociedad, por lo general, se encuentra mal informada y poco preparada para afrontar una situación de sequía, y una vez pasada es frecuente que se olvide con rapidez y que se vea como algo poco probable que vuelva a ocurrir. En nuestro país estas contingencias, además, originan cuantiosas inversiones cuyo destino posteriormente son de difícil justificación y caen también en el olvido.
En esta ocasión, en la que contamos con una Constitución, cuyo régimen de competencias otorga a los gobiernos provinciales la capacidad de la administración del agua, debe ser el inicio urgente de la obligación de organizar a los usuarios del agua dentro de distritos de riego y darles el apoyo y capacitación permanente para evitar los olvidos y se constituyan en guardianes y responsables de las inversiones del Estado.