Del total del volumen de agua utilizado por el hombre, el 70% corresponde a la producción agrícola, lo cual explica la presión mundial que existe para controlar mediante procedimientos tecnológicos el consumo excesivo del agua en la indicada actividad.
En el Ecuador, como paradoja, el riego cubre apenas el 8% de la superficie de los suelos calificados como aptos para la agricultura.
El último inventario del agua es de 1989 y no se ha actualizado, no obstante lo urgente de esta información para la administración de este recurso, que se calcula en 2.000 millones anuales su valor financiero.
Actualmente se supone que utilizamos por año el 30% del volumen de agua superficial y el 3% del agua subterránea recibidos, dilapidando sin beneficio un 70%.
En otras latitudes la falta del agua genera situaciones críticas para la vida. La OMC informa que existen en el Mundo 1.200 millones de personas que no tienen acceso a agua potable, y se registra más de 2,2 millones de personas que mueren cada año debido a enfermedades causadas por el agua potable contaminada y un saneamiento deficiente; a esto se debe sumar la cruel hambruna actual por la sequía en el Cuerno de África, acontecimiento que debe avergonzar a la raza humana.
El volumen de agua y la superficie de suelos agrícolas con que cuenta el país nos permite asegurar la existencia de un amplio margen positivo de estos valiosos recursos para la producción agrícola, facilitando la seguridad alimentaria de los seres humanos, compromiso del milenio, para lo cual se debe estructurar planes para el desarrollo sostenible en coherencia con la protección del medio ambiente.
La existencia de los recursos no son por sí solos suficiente para el desarrollo, es indispensable, además, una eficiente administración, capaz de establecer una interacción efectiva entre el Estado y los usuarios, especialmente con la participación del pequeño agricultor, puesto que a ellos nuestra sociedad les debe la producción de la canasta del diario sustento.
Nuestra actual Constitución establece el derecho humano al agua como fundamental e irrenunciable, constituyendo el agua un patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.
Esta declaración exige de políticas de Estado permanentes, con administraciones técnicas eficientes que organicen a los usuarios en la búsqueda del máximo aprovechamiento del agua, evitando su dilapidación en beneficio del futuro país.