“Motel” viene de las palabras inglesas “motor” y “hotel” concepto de un servicio hotelero de carretera, diseñado para que turistas y familias que viajan, no desempaquen sino lo básico y puedan pernoctar con las maletas en su coche a la mano, de tal forma que al día siguiente puedan continuar su viaje lo más pronto posible.
La creatividad ecuatoriana le ha dado un giro total al concepto y los moteles son sitios para relaciones furtivas en el mejor de los casos, prostíbulos disfrazados en el centro de ciudades grandes y reducto de delincuentes en muchos sitios donde coinciden intereses oscuros y personajes del hampa, que necesitan descansar y transitar por las ciudades de nuestro país sin ser identificados.
Muchos de estos hospedajes son hechos de tan mala calidad que “no califican” como servicios turísticos ante el Mintur y solo requieren permiso de las intendencias para funcionar. La hotelería ilegal se disfraza de motel para evadir controles e impuestos y cuando se dan hechos de sangre, es normal vincularlos a la hotelería en general. Otros hospedajes de muy buena calidad e incluso de lujo, con alta facturación en cuestión de horas, tienen esta calificación para simplemente evadir al SRI.
La ferocidad con que legalistas y demás analistas han atacado la exigencia de documentos de identidad y poner filmadoras para dar seguridad a estos sitios, convierte a la “intimidad” de los y las infieles, en un superderecho con tanto o más valor que la libertad de expresión y es considerado el peor de los atentados a las relaciones íntimas con personas que no son la pareja habitual o legal, costumbre que con cámaras de seguridad los expone a ser chantajeados. Es evidente que la infidelidad es una pandemia nacional que tienen tantos defensores de una intimidad que se hace muy pública el rato que se ingresa a un motel no de carretera sino del centro de Quito o Guayaquil, ciudades donde famosos políticos de la partidocracia se han hecho millonarios con cadenas de estos oscuros servicios.
Tal ha sido la defensa de la infidelidad, que va a ser derogada la exigencia del circuito cerrado en los moteles y que la factura con datos se entregue a partir de los 20 dólares, mensaje muy claro al sector turístico indicativo que en vez de invertir en un hotel cada vez con más controles e impuestos, es mejor poner un motel y olvidarse de facturar ni registrar los datos del cliente, verificando cédula o pasaporte, lo que de no hacerse en los hoteles legales implica multas o clausuras y donde actualmente se instalan botones de pánico y cámaras de seguridad a cuyas grabaciones la policía tiene libre acceso. Los sicarios agradecen la patriótica defensa de la intimidad que para los criminales se traduce en impunidad.
Acusar al gobierno de poner en peligro la intimidad de las personas que utilizan los moteles, es el mismo razonamiento que señalar al carpintero que construyó la cama, como responsable de la infidelidad.