Consiguió un préstamo hipotecario del BIESS de $ 254.000, a 15 años plazo, en pocos días. Esto lo reveló una investigación del portal digital Código Vidrio y la revista Vistazo esta semana.
Mientras a la mayoría de los ecuatorianos ese trámite le toma seis meses o más, Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea durante dos períodos en la década correísta (2013-2017), no se demoró casi nada.
La exgobernadora de Imbabura, quien era legisladora nacional (2017-2021), utilizó su posición política para solicitar un préstamo y comprar una casa de 270 metros cuadrados en el noroccidente de Quito.
Pero ¿quién era el gerente del BIESS en esa época? Eduardo Moreno Muñoz, que estuvo al frente de esa institución desde el 5 de marzo al 10 de septiembre de 2014.
La extitular del Legislativo ha pagado menos del 50% de ese préstamo hasta enero de 2020. Ella y otros tres exlegisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana participaron en las manifestaciones de octubre de 2019. Después solicitaron refugio en México por una supuesta “persecución política”, aunque la Fiscalía y la Policía nunca mencionaron sus nombres.
¿Quién responde por ese préstamo concedido a Rivadeneira que no ha sido pagado? ¿Qué acciones legales se pueden tomar? ¿Cuál fue la garantía? Esa casa fue comprada con un préstamo que salió de las contribuciones mensuales de 2,4 millones de afiliados al IESS.
¿Cuántos otros funcionarios obtuvieron los mismos beneficios que la exvicealcaldesa de Otavalo en ese tema y en otros? Los autodenominados revolucionarios se arrogaron privilegios cuando estuvieron en el poder porque soñaban con igualar a las élites, aunque su discurso era y es la “igualdad social”.
En este caso vale recordar que los asambleístas y las otras autoridades, elegidos por votación popular, están obligados a actuar con ética en la función pública, que tiene un eje fundamental: el servicio a los demás, a la satisfacción del bien común, no a su beneficio personal. (I)