Se han cumplido 33 años de la muerte del presidente Jaime Roldós Aguilera, en la Fiscalía General se ha reabierto la investigación de este trascendental hecho histórico, numerosos grupos de ciudadanos han presenciado el documental que se proyecta en cines y en pantallas de la televisión, se han realizado y se proyectan actos de presentación del libro Quiénes mataron a Roldós, pero la Asamblea Nacional no dice una palabra al respecto, como si hubiese heredado el encubrimiento que mantuvieron sobre el tema los célebres congresos nacionales de la partidocracia. Porque hay que recordar que en su seno, a lo largo de casi dos décadas, las comisiones parlamentarias nombradas al efecto realizaron múltiples audiencias, revisaron cientos de informes y documentos, escucharon a una considerable cantidad de testigos y actores… y no llegaron a nada. Más les pudo el miedo o el compromiso. Miedo porque desde las sombras ellas recibieron amenazas para paralizar las investigaciones, como lo denunció el expresidente de la República Otto Arosemena Gómez, que presidió la primera comisión, cuando secretarios y técnicos se vieron forzados a renunciar a sus misiones. En cuanto al compromiso, basta recordar que los diputados democratacristianos y socialcristianos hicieron miles de malabares y piruetas para que el enorme crimen quedara en la oscuridad, porque sus jefes fueron los herederos afortunados del hecho de sangre o porque odiaban al joven mandatario que abiertamente los había desenmascarado como “insolentes recaderos de la oligarquía”. De ese nefasto período investigativo data la desaparición de documentos trascendentales, que comprometían a la CIA y al Mossad, la central israelí del espionaje.
Todo ello es explicable bajo la larga noche neoliberal, que dijera el presidente Rafael Correa, con esos congresos envilecidos por el billete, las prebendas y sucios negociados, pero que calle la actual Asamblea Nacional no se justifica en modo alguno. Ella es fruto de elecciones verdaderamente democráticas, cuyo resultado fue la conformación de un bloque mayoritario en absoluto (108 asambleístas de 137), originado en las listas de la Revolución Ciudadana y sus aliados, entre cuyos postulados principales figuran los derechos humanos, comenzando por el derecho a la vida; derechos brutalmente violados todos en el asesinato de Jaime Roldós y sus ocho acompañantes, incluida su esposa; el Ministro de Defensa, su esposa, pilotos y tripulantes. Con el agravante de numerosos accidentes aéreos posteriores, justificadamente sospechosos, y desaparición o muerte de campesinos de la zona donde se produjo el macabro suceso.
Por lo demás, los asambleístas conocen perfectamente que el propio presidente Correa estuvo a punto de caer víctima del magnicidio en aquel fatídico 30-S, y que el peligro para él y para los demás líderes de nuestra América continúa en pie, como lo demuestra la guerra civil que el imperio propicia en Venezuela. Es decir, ellos deberían apelar a razones históricas y contemporáneas para actuar en el caso Roldós, cuando menos impulsando y supervisando la reapertura de la investigación en la Fiscalía General. Así cumplirían con un elemental deber democrático y revolucionario en esta triste historia de la patria. No hacerlo sería cubrirse con el manto de vergüenza que antes cayera sobre los congresos de la partidocracia.