La mayor degradación de una sociedad es no contar con una administración de justicia honesta, sapiente, experimentada, ágil, eficiente y libre del tráfico de influencias y de las órdenes políticas y la corrupción judicial; es decir, una justicia transparente. Y una sociedad que no cuenta con una administración de justicia de esta naturaleza, es una sociedad que termina en la más abyecta putrefacción.
Por ello, todo propósito encaminado a ofrecer una administración de justicia correcta, imparcial y que no deje dudas de su accionar, debe ser valorado meritoriamente y debe ser apoyado socialmente.
Para que esto de alguna forma se cumpla, también es necesario darle a esa administración todos los recursos y estímulos que coadyuven a que el trabajo de los operadores de justicia pueda realizarse en las mejores condiciones. Faltan más de 500 fiscales y cientos de jueces y administrativos judiciales. La carga de trabajo que cada fiscal y cada juez tiene bajo su responsabilidad es incuantificable.
El Consejo Nacional de la Judicatura se ha propuesto algunas metas en el sentido de mejorar la calidad de la administración de justicia en nuestro país. La sociedad ecuatoriana requiere esto con urgencia y esta decisión hay que aplaudirla.
Empezó ya con un análisis de las sentencias y resoluciones de los jueces de la Corte Nacional, a través de una idónea Comisión de Juristas, por lo cual debieron salir las dos terceras partes de esos jueces. Se los ha reemplazado temporalmente con jueces de Cortes Provinciales, para no dejar al país sin el servicio de justicia en el más alto nivel.
Un primer esfuerzo que denota decisión y voluntad para corregir las cosas. Pero este mismo trabajo se impone con los jueces provinciales, con los jueces de primer nivel con los fiscales provinciales y con los agentes fiscales. Entendemos que ese es un gran objetivo que busca cumplir el Consejo de la Judicatura. No hay tiempo que perder. Si se lo hace, nuestra sociedad lo sabrá reconocer. Lo esperamos. (O)