Para que una sociedad pueda vivir en paz, es necesario como elemento fundamental tener un sistema de justicia imparcial, honesto, diligente, probo y con operadores de justicia de alto nivel intelectual jurídico. Lo que ha venido sucediendo desde hace muchos años demuestra que, en nuestro país, la gangrena de la corrupción copó casi todos los espacios públicos y, entre ellos, la administración de justicia. Sí, existieron excepciones. Pero contadas con los dedos de la mano. Por ello, es imprescindible que el Consejo de la Judicatura continúe con su plan de limpiar la podredumbre judicial, lo cual es bueno para la salud social. Esto, por cierto, es indudablemente meritorio.
Todos recordamos la famosa “Corte Cervecera”, en un pasaje inédito en los anales de la justicia constitucional. En esa Corte, luego de los primeros tres años, debía darse una renovación parcial. Tengo serias dudas acerca de si esa renovación fue hecha legal y correctamente. Fueron dos magistrados y una magistrada los que salieron. Eran jueces que no se prestaron a los manejos sucios tarifados por un podercito insulso interno que decidió enriquecerse bajo la impunidad de la jerarquía de la Corte.
Ahora, el presidente de la Corte Constitucional nombrada hace un año, Dr. Hernán Salgado, un verdadero jurista, honesto hasta los tuétanos, de gran altura intelectual en el campo del derecho, maestro universitario insigne, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, valientemente acaba de hacer una denuncia pública, que ha sido recogida por los medios de comunicación colectivos, acerca de que las sentencias de la Corte que les antecedió cobraba por esas sentencias. Por esta razón, violaban leyes y reglamentos, se cambiaban los textos aprobados por el pleno del organismo, se exigía dinero por poner los casos en el orden del día, etc., etc. Incluso señala que existía una oficina cercana a la Corte en la que se efectuaban todos estos “arreglos” corruptos.
Ahora, le corresponde a la Fiscalía General del Estado actuar, porque todos estos exjueces deben responder legalmente ante la sociedad ecuatoriana. (O)