Hace pocos días, Julian Assange apareció en una fotografía en la cual llevaba puesta la camiseta de la selección ecuatoriana. De brazos cruzados y exhibiendo un rostro barbudo y orgulloso, el australiano dio así muestra de gratitud al pueblo ecuatoriano que hace dos años, el 19 de junio 2012, le daba amparo en su embajada londinense, preludio a la concesión del asilo político que se hizo efectiva a partir de agosto del mismo año.
La entrada de Assange a la embajada llegaba tras una serie de acercamientos entre el presidente Correa y el editor de WikiLeaks. En la entrevista que pocos meses antes Assange había realizado al mandatario ecuatoriano, la concordia entre los dos se hizo evidente: ambos habían experimentado los golpes bajos que los medios de comunicación tradicionales asestan a los ‘subversivos’, así como ambos habían conocido lo despiadada que puede ser la persecución de los intereses nacionales por parte de Estados Unidos. “Bienvenido al club de los perseguidos”, se despidió entre lo serio y la broma el presidente Correa.
La apuesta del Ecuador con Assange ha sido uno de los hitos más altos, seguramente el acto de mayor libertad y valentía de la política exterior ecuatoriana, tal vez en toda su historia. Ante la maníaca persecución desatada por el imperio hacia uno de sus peores enemigos, un pequeño país andino ignoraba las eventuales retaliaciones y anteponía a cualquier otro razonamiento pragmático la defensa de los derechos humanos de este intrépido personaje.
Sin embargo, después de un largo período de eco mediático, la figura de Assange languidece algo olvidada por la prensa internacional. No podría ser de otra manera: WikiLeaks, obligada -además- a operar ante mil otras dificultades, trabaja desde hace dos años con su líder atrapado entre cuatro paredes. Lo que es peor es que Assange es olvidado también por los que se propusieron rescatarlo de la vindicativa ferocidad estadounidense. La tarea que el Gobierno ecuatoriano emprendió en aquellos días es, en este sentido, una tarea dejada a medias. En efecto, tras salvarle el pellejo, demasiado poco ha sido hecho desde entonces. A dos años del ingreso del australiano a nuestra delegación diplomática, falta una estrategia clara para sacarlo de este forzado cautiverio. Después del anunciado fracaso de las negociaciones con el Reino Unido para la obtención del salvoconducto, una reacción lógica hubiera sido llevar el caso al tribunal internacional de La Haya, iniciativa ventilada en un primer momento por el abogado de Assange, Baltasar Garzón. Sin embargo, ningún otro plan ha sido desplegado y las posibilidades para el periodista australiano se concentran en Suecia, donde el clima político y su situación judicial se han vuelto algo más favorables, pero aún no de forma decisiva.
Es verdad, Assange no siempre ha sido un huésped fácil de manejar. El frenesí para sacar adelante sus iniciativas ha chocado a menudo con la austeridad que se requeriría de un asilado político. Pero eso no hace otra cosa que evidenciar los fuertes límites en la coordinación entre el Gobierno y WikiLeaks, sin contar la ausencia de un seguimiento adecuado del asunto por parte de la Cancillería. Si bien eso puede explicarse en términos de escasez de recursos, un tema tan importante para la política exterior de un país exigiría otro despliegue de personal.
Estas deficiencias han sido reflejadas plenamente en la falta de comprensión de lo que WikiLeaks realmente es, incluso dentro de las filas gubernamentales. WikiLeaks no es hackeo ni piratería, es una innovadora forma de periodismo digital dedicada a la denuncia de los abusos y las atrocidades perpetradas por Estados y multinacionales. La cautela que resuena en las palabras de muchos funcionarios choca con el entusiasmo de 2012. Desde entonces, parece que esos propósitos durmieron el sueño de los justos.