“Los soldados que me violaron. Eran como 20”. “Pasé tres días siendo violada masivamente por los militares”. “Vi como violaban a mi mamá, después me tocó a mí”. “Los soldados amarraron a los vecinos, los torturaron por horas, a muchos los mataron después a cuchilladas”. “Nos alimentábamos con hierbas en la montaña, como las vacas.
Niños y personas mayores murieron por desnutrición y frío”. “Quemaron nuestra casa con todos los miembros de la familia dentro”. “Me quemaron el estómago y los testículos”. “A una señora que estaba embarazada le sacaron el bebé con un palo y lo estrellaron. Yo lo vi”. Estas frases de dolor y de execrable brutalidad, y otras muchas, resuenan en la sala de juicios de la Corte Suprema de Guatemala desde el pasado día 19 de marzo de 2013, fecha en la que comenzó el juicio contra los generales Ríos Montt y Rodríguez Sánchez.
En el marco del conflicto armado interno que vivió Guatemala durante los años 1981 a 1983, se cometieron aberrantes crímenes contra la humanidad. Después de más de 30 años, por fin, se está celebrando el juicio contra los presuntos autores intelectuales del genocidio étnico de indígenas ixiles que fueron asesinados, torturados, desaparecidos, desplazados, violados sexualmente con especial perversidad por ser mujeres, sometidos a servidumbre o a condiciones inhumanas, con la finalidad de aniquilarlos y bajo el deplorable pretexto de ser “enemigos internos”.
La sociedad guatemalteca ha demostrado a toda la comunidad internacional que la insoportable impunidad en la que había permanecido es posible combatirla desde la legalidad interna e internacional. Los añejos impedimentos políticos, las estructuras anquilosadas del Estado, como las policiales, inmersas en la corrupción y el delito, y las estrategias que pretendieron ignorar –en contra del Derecho Internacional de los Derechos Humanos- que las leyes de amnistía respecto de estos crímenes internacionales son ineficaces y que el Estado está obligado a investigar, juzgar, sancionar y reparar las graves violaciones a los derechos humanos fueron vencidos.
La factura pagada ha sido muy alta en este largo camino judicial, donde jueces, fiscales, abogados, víctimas, testigos y representantes de organismos de derechos humanos fueron vilmente neutralizados. Sin embargo, la lección no puede ser más satisfactoria: los autores de estos aberrantes crímenes, sean generales y/o jefes de gobierno, tarde o temprano acaban sentados en el banquillo.
Estamos asistiendo a un juicio histórico. Lo que parecía un sueño imposible es una realidad, y en Guatemala, gracias al sacrificio de su sociedad, digno de admirar, se habla de una auténtica justicia frente a los simulacros judiciales fraudulentos del pasado. La justicia que se respira, desde la Sierra de los Cuchumatanes hasta la Sierra Madre, permite que el juzgamiento de ese genocidio sea el embrión, para que los guatemaltecos, desde la honesta reflexión de su pasado, alcancen la reconciliación y así fortalezcan los pilares de su democracia y del estado de Derecho.
Hoy Guatemala es un ejemplo para la comunidad internacional y para Ecuador. La perseverancia de los Estados se consigue no con la renuncia a la justicia, sino con su realización frente a la impunidad y al olvido.
La verdad que no se olvida es la que destroza vidas y personas y ofende la esencia misma de la humanidad. La justicia es lo único que puede devolver, en parte, la dignidad arrebatada a todas las víctimas. La Justicia es el remedio para la restauración de la convivencia democrática y para evitar que el terrorífico pasado no se repita.
*Investigador Prometeo Senescyt, Profesor Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Experto en Derecho Penal Internacional.