Ya en el Ecuador medimos el tiempo con las fechas claves de pandemia o levantamientos. Esas situaciones nos han dejado profundamente marcados. Una vez más, el anuncio de otro paro indígena nos llena de incertidumbre sobre el futuro de nuestro país y de nuestra ciudad. Mi vecina le dice a su esposo que deben abastecerse, y él responde “pero no me han pagado”. “Bueno”, dice ella, “pero por lo menos los granos secos”. La situación económica de la mayoría es pobre e inestable, hay pocas oportunidades de conseguir un trabajo adecuado, existe ya un masivo éxodo de personas que buscan escapar de la inseguridad y lograr una mejor vida que la que tienen en el Ecuador.
El país sigue experimentando violencia política. La Asamblea persiste en el juicio contra el presidente Lasso por presunta corrupción. Y este hecho se complementa con los llamados a la insurgencia por parte del presidente de la CONAIE que incluyen movilización permanente, amenaza de una nueva invasión indígena a Quito, exigencia de la renuncia del mandatario y respaldo al juicio político de la Asamblea. El golpe de estado que está detrás toma una forma sui-generis: está instigado por el correísmo, tiene a su favor una buena parte del legislativo y la importante connivencia de la organización indígena. Los más pesimistas creen que el gobierno tiene los días contados.
La Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha Contra la Corrupción fue formada por la Asamblea para investigar al ejecutivo por conexiones con el narcotráfico. El informe que acaba de entregar dicha comisión recomienda enjuiciar políticamente al presidente por "delitos contra la seguridad del Estado y contra la administración pública (cohecho, concusión y peculado)".
La gestión del presidente Guillermo Lasso está calificada como muy baja en las encuestas. El ejecutivo quedó muy debilitado al haber perdido la consulta y al alcanzar una mínima representación de su partido en las elecciones seccionales. El único punto a favor del gobierno parece ser en estos días el nombramiento de Henry Cucalón al Ministerio del Interior. Sus primeras acciones de firmeza han caído bien. Busca encontrar entendimientos con diferentes sectores, para que “no dinamiten la democracia” los opositores, como él se refiere a las acciones de estos.
La población califica también muy bajo a la Asamblea. Es la segunda vez que ésta se propone destituir al presidente de la República. La primera, en junio de 2022 no logró los votos necesarios. Ahora, el informe de la comisión que ha tratado el caso Gran Padrino/Encuentro requiere que existan 90 votos para ser aprobado por el Pleno e iniciar el juicio; luego serán 46 los asambleístas que deban firmar y presentar la acusación. Una vez que el CAL la admita, será llevada a la Corte Constitucional para que en cinco días emita su dictamen de admisibilidad. Si el dictamen es favorable, el trámite regresará a la Comisión de Fiscalización, por lo que el juicio iniciaría en abril. Si llega a darse, se requerirá que dos terceras partes de asambleístas emitan votos condenatorios; esto es 92 votos de un total de 137 legisladores.
La gran mayoría de la población está en total escepticismo. La turbulenta situación política que vive el Ecuador es multicausal: la Constitución garantista, la desaparición de los partidos políticos, la intromisión de las mafias y del dinero mal habido en la vida política. Pero, después de encender escándalos, amenazar violentamente con paros y juicio político, la oposición tiende a desinflarse. En el último minuto la comisión retrocedió de acusar en su informe de “traición a la Patria” al jefe del Ejecutivo. El informe ha sido tachada por Cucalón como “mamotreto sin sustento” y se sabe que tiene al menos un elemento falso en el que basa su tenue argumentación: el meme de Twitter que apareció en el medio LaHistoria en el que Leonardo Cortázar dice que financió la campaña de Guillermo Lasso ha sido desvirtuado por el propio Cortázar y por el medio que lo publicó.
La propuesta de juicio político podría empantanarse por su débil sustento, por el largo trámite que le espera y porque no es claro si obtendrá los votos necesarios de la Asamblea. Para curarse en salud, la asambleísta Mireya Pazmiño de Pachakutik, vicepresidenta de la comisión ad-hoc, confirmó públicamente la intención de su bancada de sacar al Presidente a como dé lugar, inclusive sin haber probado las causales. Fanáticamente convencida de que hay que deshacerse del mandatario, al referirse a la posibilidad de que la Corte Constitucional no dé paso al juicio político, llamó públicamente a la conmoción interna afirmando canallescamente frente a los medios de comunicación que “existen otras alternativas para hacerlo, como (declarar) su incapacidad mental o (defenestrarlo en) las calles”.
Después de años de caos político, el Ecuador sigue teniendo serias dificultades en mantener su democracia. Sus instituciones están desacreditadas y son percibidas como corruptas. Los ciudadanos comunes y corrientes no logramos participar en las decisiones y, por ello, nos invade la misma desazón que experimentamos frente a las siete papeletas de la última elección sin saber por quién votar, o el pánico que sentimos en el último asalto frente a nuestra propia casa.
La inseguridad, la injusticia, la falta de educación, las inequidades, la pobreza, la falta de servicios básicos, la imposibilidad de combatir suficientemente el crimen organizado, la polarización siguen siendo factores que generan una percepción generalizada de corrupción, ineficacia y negligencia respecto a nuestras instituciones. Estas carencias son fuente continua de descontento y de falta de fe en el futuro. Es indispensable que nos unamos de nuevo para restaurar la confianza pública construyendo una vez más sólidas instituciones democráticas.