La inseguridad en nuestro país no es el resultado de una percepción. Tampoco un hecho aislado. Diariamente, en los medios masivos de comunicación se reproducen noticias ligadas a sucesos delictivos: asesinatos, asaltos, plagios, sicariato. Diferentes modalidades que los malhechores utilizan en desmedro del indefenso ciudadano/a.
Una ola de miedo ronda en el Ecuador. Ahora la delincuencia atraca en las calles y en el interior de los domicilios y locales comerciales. Con saña y audacia. Con mecanismos macabros. Los ladrones se organizan en bandas, con modernas armas y maneras de operación inimaginables. Los robos se suscitan en el día y en la noche. No existe un horario definido para ello. La ciudadanía se siente desamparada. Lamentablemente, el Estado no responde con efectividad ante el clamor de las personas afectadas. Aún faltan acciones concretas que reduzcan los índices delincuenciales. Tal situación implica el adecuado financiamiento para la implementación de equipos, estrategias policiales, campañas de prevención y concienciación, operativos de control. Pero, fundamentalmente, políticas gubernamentales que permitan la reducción de los índices de pobreza. Esto es, la ejecución de planes y proyectos que reorienten la condición de vida de la población, que mejore el estatus de existencia humana.
No soy partidario de prácticas represivas que degeneren en un clima de alarma ciudadana. Lo pertinente es alcanzar los mecanismos idóneos para que los organismos oficiales garanticen la protección de la gente, de acuerdo a lo establecido por la ley. Y, también hay que considerar el rol esencial del sistema judicial, tan venido a menos por su pérdida de credibilidad y marasmo institucional.
Junto con la labor estatal, la predisposición de la población se vuelve complementaria, ya que con su involucramiento también se contribuiría al retorno de la seguridad. En suma, el tema analizado, compete a todos los miembros de la sociedad.