Los eventos de la historia reciente de Europa han puesto otra vez en primer plano el debate en torno a la integración de los inmigrantes en el contexto de la sociedad occidental. En efecto, la declaración oficial del fracaso del multiculturalismo realizada por Angela Merkel en el otoño anterior dio al traste con setenta años de esfuerzos de integración social de los organismos encargados de gestionar la inmigración.
Es significativo que, ante semejante declaración, no se haya planteado una alternativa de gestión desde las sociedades receptoras. De otra parte, los recientes y dramáticos sucesos de Oslo y Londres que coparon la prensa mundial (del primero se registran 93 muertes y del segundo 5) dan la medida de los niveles de conflictividad alcanzados, así como del riesgo que para Europa representa la presencia de un reducido pero eficiente activismo de corte fascista, de un lado; y de guetos fuera de control, de otro.
La consigna que inspiró la IV Cumbre de los ministros de inmigración de la Unión Europea (Zaragoza, primavera de 2010) “Solo la integración garantiza la paz social”, parece desvanecerse en la niebla de la incertidumbre. Como colofón de todo lo anterior, las últimas modificaciones en la aplicación del Tratado Schengen que reactivan los controles fronterizos entre los Estados miembros suponen, sin duda, un retroceso significativo fundado en la eterna e insalvable contradicción entre políticas migratorias y procesos de integración.
Esta restricción en el uso del espacio en el plano geográfico está contrarrestada por la ampliación del concepto de ciudadanía en el plano simbólico. En efecto, desde España se inaugura un escenario político distinto propiciado por los movimientos sociales que ha alcanzado ya dimensiones planetarias.
En relación a la gestión de la inmigración, el movimiento 15 M propone la incorporación del concepto “ciudadanía sin restricciones”, así como la nulidad de la Ley de Extranjería (Manifiesto Feminista del 15 M, 2011). En la Europa actual, la amplitud y complejidad de los conflictos que gravitan en torno a los procesos de integración de los inmigrantes desbordan los criterios de asimilación/adaptación que dominaron hasta hace poco en el ámbito de lo académico y lo político.
Por la intensificación de los conflictos, por la severidad con la que actúan los poderes fácticos encargados de gestionar la inmigración y por la confluencia de intereses entre movimientos sociales y comunidad de inmigrantes (una de las consignas del 15 M reza: “Todos somos ilegales”), es posible afirmar que estamos ante una progresiva atomización de los elementos formales instituidos de la integración y, al mismo tiempo, ante procesos de integración que funcionan al margen de lo instituido, pero perversamente, esto es, jugando con la norma, aprovechando su maleabilidad como paliativo para resolver la inmediatez de lo cotidiano.
Es la existencia de este lugar al margen, que opera como potencia instituyente de lo social, lo que permite hacer una revisión de los procesos de integración. Usualmente los estudios y la consecuente in/habilitación de los inmigrantes se realizan desde los aportes económicos que producen tanto para las sociedades generadoras de la diáspora cuanto para las receptoras.
En nuestro país contamos con los datos que nos ofrece semestralmente el Banco Central del Ecuador en relación a las remesas que envían. Mutatis mutandis, desde las sociedades receptoras constantemente se examinan las relaciones costo/beneficio y los niveles de riesgo que su presencia/ausencia representa. Sin embargo, el carácter transnacional de la diáspora no se reduce a eso. Al contrario, se construye cotidianamente en esa zona fronteriza en la que se establecen las relaciones entre los individuos para generar nuevos espacios de comunidad que les permiten restituirse como sujetos en los nuevos contextos.
(*) Historiadora del Arte. Psicóloga Organizacional. Candidata a Doctora por la Universidad Complutense de Madrid en Migraciones Internacionales e Integración Social.