Inclusión de las personas con discapacidad en los procesos electorales, un signo del cambio social

La inclusión de las personas con discapacidad en los eventos electorales y su participación en las grandes decisiones nacionales es un tema que presupone una interacción social de dimensiones distintas y que fortalece la democracia. No solamente abre las puertas a que este colectivo participe de un derecho constitucional esencial como es elegir y  ser elegido, sino que es el signo de una evolución en la sociedad ecuatoriana hacia el respeto de las múltiples voces que la integran, dejando cada vez más lejos la sombra del Estado excluyente, insensible e indiferente.

La Vicepresidencia de la República ha marcado un hito en este sentido, al hacer efectivo el respeto a los derechos de las personas con discapacidad  y procurar la atención prioritaria que merece este colectivo. Para ello y conforme lo ordena la Constitución de la República se realizó el estudio bio-psicosocial clínico genético de las personas con discapacidad, estableciendo la existencia de 294.166 personas con discapacidad a nivel nacional, lo que representa el 2,4% del conglomerado nacional.

De este número, el estudio determinó que 242.733 personas con discapacidad están facultadas para ejercer su derecho al sufragio. Personas que hasta hace poco permanecían en el anonimato, ahora son tomadas en cuenta. La realidad ha cambiado. Aquellas quienes muchas veces afrontaban una doble exclusión: la de su propia familia, que se avergonzaba de ellas, y la del Estado ecuatoriano, que no las insertaba en sus políticas sociales, ya gozan de plenos derechos, otrora negados por la indolencia de anteriores gobiernos.

En los procesos electorales ha sido posible constatar la transformación que vive la sociedad, la que tiene hoy una mirada diferente hacia las personas con discapacidad. Iniciativas como el servicio de transporte, que  correctamente se ha denominado “Taxi Solidario”, forman parte de esta transformación.  Esta propuesta la ejecutan grupos de ciudadanos  voluntarios y representantes de entidades públicas y privadas.

En el último proceso electoral fue posible ver a decenas de ciudadanos brindando su contingente puerta a puerta, constituyéndose en una ayuda efectiva para las personas con discapacidad, permitiéndoles ejercer su derecho cívico electoral, llevando la solidaridad a la práctica, coadyuvando a una integración social efectiva y oportuna de todos los ecuatorianos.

La Constitución de la República del Ecuador, enmarcada en este nuevo Estado constitucional de  derechos y justicia, establece principios y procedimientos para asegurar el cabal cumplimiento de las normas, en pos de la igualdad de derechos y oportunidades, enmarcadas en el concepto del buen vivir.

Sin duda la inclusión de las personas con discapacidad en los procesos electorales es un reconocimiento significativo a los derechos humanos innatos e intrínsecos, a los principios que no admiten discriminación de ninguna índole. Un hecho que revela una mirada social distinta y humanista frente a las personas con discapacidad.