Es inadmisible que el alto mando militar se haya presentado en la Corte Nacional de Justicia con el afán de intimidar; al igual que los militares en servicio pasivo, incluido el general Guillermo Rodríguez Lara, dictador que gobernó el país entre 1972 y 1976.
Era la primera audiencia pública del juicio contra cinco militares, presuntos autores de violación a los derechos humanos contra Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín, integrantes del grupo Alfaro Vive Carajo, AVC. Hechos que, de acuerdo al Informe de la Comisión de la Verdad, se habrían producido durante el gobierno de León Febres-Cordero.
Es inadmisible que los militares se presenten en la Corte con un afán intimidatorio, ¿acaso para evitar que sus excompañeros de armas sean juzgados, como determina y manda la ley?
Estos juicios, el primero en Ecuador, buscan evitar que las sistemáticas violaciones, excesos, que se produjeron en Ecuador queden impunes. Sancionar estos delitos, sin duda, consolidará la democracia. Y no es, de ninguna manera, un juicio contra las Fuerzas Armadas. Sin embargo, ese mal llamado espíritu de cuerpo suele provocar ‘solidaridades’ que solo buscan intimidar para que no se sancione. Sucedió ya en Chile y Argentina, en donde consiguieron la expedición de leyes -como la de Punto final- en el gobierno del presidente Alfonsín.
Leyes que, en buena hora, posteriormente fueron derogadas para dar paso a los juicios que sentenciaron a numerosos militares que cometieron delitos de lesa humanidad.
Estos juicios no solo que saldaron hechos que nunca más deben producirse, sino que contribuyeron a consolidar el sistema democrático y también ayudaron a limpiar la imagen de las Fuerzas Armadas e incluso a conciliarlos con sus ciudadanos, a quienes deben cuidar y proteger.
Es inadmisible que movimientos políticos -Sociedad Patriótica- pretendan presionar, con gritos y carteles, para evitar que los acusados sean sometidos a un juicio justo. Es inadmisible que un candidato a la Presidencia -Guillermo Lasso-, a partir de intereses personales, busque réditos electorales con un juicio que debe marcar un hito en la justicia del país.
Es inadmisible también que el ministro de Defensa, Fernando Cordero, no haya sido capaz de evitar esta presencia militar en la Corte -¿se perdió ya la línea de mando civil?-. Recordemos que, anteriormente, ya se produjeron otros hechos similares. Por ejemplo, hace poco, cuando se trataba el tema de la reducción de presupuestos, los militares se saltaron al Ministro y acudieron directamente a la Presidencia para discutir esas reducciones.
Es inadmisible escudarse en el espíritu de cuerpo para pretender evitar que se judicialice, como corresponde, los más de 130 casos que se recogen en el Informe de la Comisión de la verdad. Informe en el que, lamentablemente, no está el caso de la desaparición del escritor Gustavo Garzón Guzmán, hecho ocurrido precisamente un 10 de noviembre de 1990.
Los juicios son públicos y pueden asistir los ciudadanos que quieran; si los militares quieren hacerlo, que lo hagan, pero de civiles. Estos juicios deben ser, más bien, una oportunidad para conocer, efectivamente, la verdad. Y asumir no solo responsabilidades, sino también aprender del pasado para que nunca más -y menos como política de Estado- en Ecuador se produzcan torturas, violaciones, muertes y desapariciones forzadas. (O)