La problemática ambiental percibida en todas las latitudes ha activado intentos serios de solución con el uso de instrumentos jurídico-financieros, como los impuestos verdes, en la idea de incentivar o desincentivar conductas, uso de equipos y tecnología para actividades productivas y de evitar daño al ambiente.
Este tipo de tributo fue introducido en el país inconsultamente por el Gobierno anterior, aprovechando una mayoría oficialista en la Asamblea Nacional, en el marco de una dinámica reformista, agresiva y permanente, afectando estabilidad, crecimiento, producción, empleo e inversión. Es hora de cambiar esa legislación perjudicial para la economía privada.
Con la Ley de Fomento Ambiental (2011) se creó el “Impuesto ambiental a la contaminación vehicular” -gravamen desligado de una política ambiental-, que se causa por la contaminación producida por vehículos motorizados de transporte terrestre de más de 1500 cc, pero en la práctica se paga por la propiedad del automotor, sin que importe realmente la contaminación causada.
La tarifa sube según crece el cilindraje (base imponible), se aplica un factor de ajuste porcentual considerando antigüedad o tecnología del vehículo. Este tributo ha extraído de la economía privada ingentes recursos, sobre todo para cubrir un gasto público hipertrofiado. Es evidente que se trata de un impuesto mal concebido, que no resiste el mínimo examen técnico sobre la relación entre vehículo motorizado y contaminación.
El impuesto de marras se creó con un proyecto de ley de urgencia económica, a pesar de que el art. 301 de la Constitución manda: “Solo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos”.
Por la especialidad de la materia, queda que el Ejecutivo ejercite la iniciativa legislativa en el campo tributario, y remita un proyecto de ley encaminado a corregir la preocupante situación expuesta. (O)