¿En qué se fundamentó el poder del gobierno de la RC? No, por cierto, en el apoyo de las oligarquías y sus partidos políticos, ni de los imperios ni de los militares, peor aún de los medios de comunicación, que más bien registraron activos conspiradores aquel funesto 30-S. No. El poder del gobierno de la RC se fundamentó en su legitimidad expresada en el apoyo popular obtenido en las urnas y ratificado en once procesos electorales. Todo ello gracias a la consistencia entre la teoría y la práctica gubernamentales sostenida sin claudicaciones a lo largo de toda una década.
¡Qué contraste con la realidad actual! En menos de seis meses, el gobierno de Moreno ha erosionado su legitimidad a una velocidad pasmosa, si por ella entendemos la consistencia de la acción política con la ley, la justicia, el derecho, la ética y el consenso de los(as) gobernados(as). Veamos.
¿Qué consistencia con la ley puede tener la decisión de la Contraloría de destituir a un Vicepresidente electo por voluntad popular en el marco del más absoluto silencio presidencial; o la decisión de un Tribunal de Garantías Penales que toma medidas en un campo fuera de su competencia a solicitud del Ejecutivo, o la pregunta 3 de la consulta propuesta por el Presidente, que, de aceptarse, nos convocaría a los(as) ecuatorianos(as) a romper en masa la Constitución?
Si se trata de la ética como fuente de legitimidad, el Gobierno quiso bañarse en ella blandiendo la espada de la transparencia con la creación de un Frente de Lucha Anticorrupción, que acaba de fenecer, y que parecería que solo tuvo el objetivo de deshacerse del Vicepresidente, uno que Moreno escogió, declarándole su confianza durante la campaña electoral. ¿Podemos llamar a esto comportamiento ético?
Si de justicia se trata, en el caso Jorge Glas el Gobierno ha aceptado sumisamente el libreto de la extrema derecha: él ha sido simbólicamente juzgado, culpabilizado y sentenciado a prisión por los poderes fácticos, los grandes propietarios de las empresas de noticias y ahora también por el Gobierno. Ese es el contexto político, lleno de presiones, en el que se desenvuelven los actores a quienes les correspondería ‘hacer justicia’ en este caso. ¿De qué derecho al debido proceso puede hablarse?
Pero, sin duda, la mayor ilegitimidad del Gobierno la ha develado el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, al confesar públicamente el pacto con la derecha, que, hoy sabemos, se tramó a nuestras espaldas durante la segunda vuelta electoral. Este Gobierno nació, así, muerto, comprometido con la oligarquía, traicionando los pilares de la Revolución, y, con ello, el consenso popular que le llevó al poder.
De ello se deriva su política opositora a la RC, cuyo hito constituye la consulta espuria a la que pretende convocarnos para quitar derechos, romper la Constitución, votar a favor del capital, en suma, a desandar lo andado en la década en la que el pueblo y el país ganamos lo que en siglos nos escamotearon los actuales aliados de Moreno. (O)