El Pontificio Consejo “Justicia y Paz” ha difundido el documento “Por una reforma del sistema financiero y monetario internacional en la prospectiva de una autoridad pública con competencia universal” en el cual se analiza el problema de la crisis económica global. Al mismo tiempo, se realiza una crítica evidente al grupo de países “desarrollados” del mundo (G-7 y G-20), al sistema monetario nacido tras la Segunda Guerra Mundial (1945) y particularmente al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al neoliberalismo, calificado como una simple ideología que ha alimentado una economía “sin reglas y sin supervisión”.
El documento propone la necesidad de nuevos mecanismos para regular mundialmente los flujos financieros y crear una nueva institucionalidad, con un banco central con autoridad universal y con la participación de los países emergentes.
Este pronunciamiento de la máxima autoridad de la Iglesia Católica está mucho más cercano a las tesis que han manejado los gobiernos de la “nueva izquierda” latinoamericana que a las propuestas neoliberales que ahora forman parte de las mentalidades económicas en Europa y los Estados Unidos y que se han impuesto sobre Grecia.
En América Latina, las imposiciones del FMI durante las décadas finales del siglo XX y la generalización del neoliberalismo fueron los causantes de la consolidación de modelos empresariales de desarrollo que produjeron mayor concentración de la riqueza, colapso de los servicios públicos, privatizaciones, deterioro de las condiciones de vida de amplios segmentos de la población y precarización y flexibilización del trabajo.
La experiencia histórica de América Latina ha sido suficiente para cuestionar al FMI y a todo el sistema nacido en Bretton Woods. La región también tiene amplia experiencia histórica en cuanto a la creación de instituciones económicas con visos de universalidad, pues en ellas siempre se impusieron los intereses de las grandes potencias.
Por todo ello, América Latina ha comenzado a construir su propia institucionalidad económica regional, como son las propuestas para una moneda común (Sucre) o la integración alternativa (ALBA, UNASUR). La región aprendió, con grandes costos sociales, las perversas consecuencias de un sistema basado en el mercado libre y la empresa privada absoluta. Y todavía le falta imponer el control estatal sobre el sistema financiero privado, cuyo poder tiene que ser abatido también regionalmente.