En Portugal, la Confederación General de Trabajadores ha organizado la segunda huelga en protesta por la política económica que esta aplicando el gobierno conservador (Junio/2011). Tuvo un rescate financiero en 2011 que impuso recortes en gasto social, aumento de impuestos y reformas estructurales.
La reducción del déficit fiscal al 5,9% del PIB se basa en la disminución de pensiones, despido de empleados públicos, congelación de salarios, reducción de gastos en salud y educación, aumento en impuesto a la renta, etc. En cuanto a reformas estructurales, se acordó privatización de empresas públicas, ayuda a bancos y reforma laboral. Las consecuencias de la crisis y del ajuste, en 2011, fue la contracción de su economía de 1,6%, tasa de desempleo 14%, deterioro de las condiciones sociales y aumento de la pobreza.
La huelga convocada es principalmente contra la reforma laboral: (similar a la de España) reducción del seguro de desempleo hasta 18 meses, disminución de indemnizaciones para contratos indefinidos y de duración definida a 10 días por año, menores condiciones para el despido, ajuste salarial en función de la productividad, comités de empresas pueden realizar contratos colectivos sin los sindicatos, etc. Se trata de medidas de flexibilidad laboral que intentan reducir el costo de despido y de contratación para supuestamente incentivar el empleo.
En España, las centrales sindicales han convocado una huelga general para el 29 de marzo de este año para protestar contra la reforma laboral (Ver mi opinión del 27/02/2012 en este diario). Básicamente se trata de medidas de reducción del costo de despido y contratación (menor coste laboral), precarización laboral y darle mayor poder de negociación a los empresarios frente a sindicatos. Es la recomendación de la economía ortodoxa de flexibilización laboral para incentivar el empleo.
Pero hay mas reformas estructurales. Con la reforma del Estado se van a eliminar instituciones y empresas públicas, recorte de personal de entidades públicas, aumento de las horas de trabajo, etc. La reforma financiera buscará fortalecer el sistema financiero con el saneamiento de activos tóxicos, aumento de reservas bancarias y fusiones.
España es quizás el país de la UE, no rescatado, que está sufriendo fuertemente el impacto de la crisis, del ajuste y las reformas estructurales que, si bien buscan equilibrio macroeconómico, están afectando el estado de bienestar. Alcanzar un déficit fiscal de 5,3% del PIB lleva al Gobierno a recortes en gastos de salud, educación, etc. Las comunidades autónomas,
que explican la mitad del déficit, tienen que reducir su presupuesto, lo que conduce a menores gastos sociales. La consecuencia de la crisis y las medidas de ajuste y estructurales es el aumento del desempleo, gente desalojada de sus viviendas (entre ellas ecuatorianos), incremento de la población que asiste a los bancos de alimentos, aumento de la pobreza e indigencia, etc. Se trata de equilibrar la economía, con políticas de ajuste y estructurales, que tienen su costo social y configuran la agenda de política económica de la UE para la crisis.