En 2013 escribí para este mismo Diario una columna que se tituló “Todas somos idiotas” en alusión a que el nuevo Código Penal solo cambió la palabra idiota por demente, mientras permaneció inalterada la penalización del aborto por todas las causales. Escribí textualmente:
“Desde hace miles de años son los hombres quienes deciden cuándo violar a una mujer, y también ellos acaban decidiendo las penas a los violadores y si las mujeres violadas deben o no parir al hijo fruto de la violación. Históricamente las mujeres, frente a las violaciones, han sido tratadas como provocadoras y brujas; han sido los hombres, en sus roles de legisladores, gobernantes y jueces quienes han decidido su suerte. Es decir, a las mujeres nos han tratado, y nos siguen tratando, como idiotas (tontas, cortas de entendimiento -RAE), y no nos permiten autonomía y decisión sobre nuestros cuerpos”.
El 28 de abril de 2021, por decisión de la Corte Constitucional, y luego de un largo bregar de los movimientos feministas, finalmente se ordenó eliminar a la violación como causal para la penalización de aborto, sin embargo, se mantienen las otras. Es un paso significativo porque la situación de violaciones en el país es grave y en el contexto de pandemina se ha acentuado. Los embarazos consecuencia de estas violaciones constituyen afrentas sin nombre para estas niñas y mujeres, quienes a más del trauma de la violación debían enfrentar esa maternidad no deseada.
No obstante, aún nos sabe a poco; sobre todo al comparar con otros países como Argentina que acaba de despenalizar en aborto de forma general, parece francamente insuficiente y casi vergonzoso que en Ecuador se haya aprobado recién la despenalización del aborto por violación, mientras en este país se permitía desde hace cien años.
Los aspectos implicados en este debate son la secularización y la laicidad. La secularización es un hito de las sociedades y Estado modernos que refiere a una autonomía de la esfera política en relación a la religiosa. La laicidad implica que el poder político no se apoya en símbolos y cuestiones religiosas para su legitimidad. Los grupos provida hacen gala de desconocer los avances en secularización y laicidad de nuestras sociedades, incluida la ecuatoriana. Tanto antes como ahora usan argumentos de la fe religiosa católica para oponerse a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres ecuatorianas.
Hace poco años fue Correa el gran decidor sobre este tema; hoy, a falta de este líder, la esposa del reciente presidente electo se convirtió tristemente en vocera de estas posturas retrógradas. Al menos su marido reaccionó a tiempo señalando que respetaría la decisión de la Corte. Personajes como estos deberían entender de una vez por todas los significados de la secularización y de la laicidad para no dar paso a grupos fanáticos en el debate.
El dictamen de la Corte significa que las mujeres ecuatorianas hemos avanzado, hoy somos menos idiotas que antes, porque al menos las mujeres violadas podrán abortar si lo deciden. Sin embargo, aún se duda de la capacidad autónoma que tenemos las mujeres para decidir sobre nuestros cuerpos. Pero no esperaremos que pasen cien nuevos años para lograr ese reconocimiento al derecho a decidir de las mujeres en este país. (O)