Habiendo ya veinte Constituciones, no se justifica una nueva pero sí una mejor. Una buena Constitución no es garantía de bienestar y desarrollo; sin embargo, una mala Constitución asegura la perpetuación del subdesarrollo.
Una mala Constitución, creada ad hoc, para el funcionamiento de un proyecto político, por sesgada, por interesada, por parcializada, lo único que logra es polarizar, dividir, confrontar. Una mala Constitución es germen de injusticia y esta es génesis de frustración y caos social.
La Constitución de Montecristi fue concebida para el ejercicio político de la Revolución Ciudadana y la aplicación doctrinaria del Socialismo del Siglo XXI. Fue mentalizada y pre-redactada por extranjeros, adláteres ideológicos del expresidente Correa. Fue aupada por funcionarios del régimen anterior e incluso del actual, cuando eran fervientes correístas. Fue aprobada a pesar de las denuncias de propios asambleístas constituyentes de que algunos de los textos fueron cambiados.
Finalmente, fue refrendada mayoritariamente por el pueblo que votó por ella.
¿Vox populi, vox dei? No necesariamente. El pueblo votó por la Constitución como aprobación hacia su patrocinador, Rafael Correa, sin tener mayor idea de su contenido. El pueblo no sabía y quizás no entendía que la creación de dos poderes del Estado, adicionales: el de Participación Ciudadana y Control Social y el poder Electoral estaban diseñados para desarrollar el control absoluto del poder político por parte del Ejecutivo, para la perpetuación en el poder y, como resultado, dar pábulo a la corrupción y a la impunidad. La Constitución hecha a la medida de Correa consagra lo que se ha llamado “hiper-presidencialismo” que, en manos de un autoritario como él, probó ser un arma de masiva destrucción institucional. Recuérdese que el propio Correa, en medio de su intoxicación de poder afirmó que él era el jefe de todos los poderes.
La mayoría de constitucionalistas a quienes he leído y escuchado se expresan mal de la Constitución de Montecristi; sin embargo, reformarla sustancialmente, sería más difícil que volver a empezar.
Existe una propuesta de volver a la Constitución de 1998, esta sí, cuyo nacimiento no surgió de un proyecto político particular y que, a decir de versados constitucionalistas, es mejor que la de 2008. Popularizar y promover la iniciativa es un deber cívico. (O)