La situación actual de seguridad es crítica, nuestra clase política es de reacción lenta y el debate nacional se ha enmarcado en sugerir que lo que falta son más leyes. En los últimos meses, el país ha soportado una ola de violencia sin precedentes y el nivel de reacción de las autoridades políticas ha sido insuficiente. Un análisis objetivo de la situación permite concluir varias premisas: 1) No es posible resolver la situación actual a corto plazo; 2) Sí es posible tomar medidas prácticas que permitan mitigar la escalada de actos violentos; y, 3) Es necesario respaldar a la Fuerza Pública con acciones concretas.
Si partimos de lo más elemental, el problema de inseguridad no se va a resolver al 100% a corto plazo ni así tengamos nuestro propio Bukele. Posiblemente la “mano dura” puede ser una medida políticamente popular o efectivamente disuasiva pero el problema principal debe atacarse desde su raíz. ¿Cuál es ese problema? Vivimos en un país de pocas oportunidades, con limitado acceso a educación de calidad y sin muchas opciones ni incentivos para que los jóvenes opten por una alternativa distinta a la violencia. Por esta razón, el Gobierno Nacional debe evaluar un ejercicio de acercamiento a la población para implementar acciones para atacar esas necesidades que históricamente no han sido cubiertas. En una crisis como la actual, no tienen que activarse solamente las carteras de estado relacionadas con seguridad sino también las del frente social que ahora son las más importantes.
Sin perjuicio de lo anterior, efectivamente existen acciones que podría tomar el Gobierno Nacional, a corto plazo, para mitigar la escalada de actos violentos de las últimas semanas. ¿Cómo es posible que se anuncie el control de un centro de privación de libertad y se desate el caos en otro? Aquí sí es necesaria mano firme, cooperación internacional, inteligencia y visualización pública de la situación. Si otros países lo han logrado, no hay razón para pensar que Ecuador no lo puede hacer. Por un lado se requiere voluntad y por otro dejar de lado cálculos políticos. Es momento de que se transparente la información, se señalen responsables y se tomen medidas drásticas para evitar la recurrencia de las mismas acciones que vemos semanalmente en la prensa.
Finalmente, hay que reconocer que hemos sido una población muy ingrata con nuestra Fuerza Pública. Es cierto que la sociedad civil no ha sabido reconocer los logros de la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia, pero el Gobierno Nacional tampoco ha hecho un esfuerzo por potenciar dichos logros. ¿Cómo es posible que la Policía Nacional no tenga equipos de primer orden, vehículos ni combustible para hacer su trabajo? ¿Cuál es el incentivo para combatir la delincuencia en UPC viejas y sin las herramientas ni el reconocimiento necesario? Me parece que debemos empezar a pensar en incentivos para las fuerzas del orden como sucede en otros países (Estados Unidos, Australia, Canadá. Debemos concientizar a la población e iniciar una campaña para dignificar esta profesión y apoyar su accionar en el día a día. Siempre podemos empezar por un “gracias”.
El apoyo a la Fuerza Pública no debe limitarse a una declaración política sino al acompañamiento de cada uno de sus miembros en procesos judiciales para que puedan evidenciar el respaldo del Gobierno Nacional. Es necesario empezar a transparentar estos procesos y socializar las estadísticas de los casos para poder realizar un análisis más objetivo sobre la efectividad de estas medidas.
En suma, es necesario estar conscientes que la violencia no se acabará de la noche a la mañana pero que hay medidas efectivas que se pueden tomar, a corto plazo, para reducir los índices de criminalidad en el país. La población busca respuestas de las autoridades políticas y el primer paso es evidenciar que esas medidas son eficientes para poder ir recuperando la confianza en que las cosas pueden cambiar. El otro tema fundamental es el apoyo y respaldo a la Fuerza Pública; debemos reconocer su labor diaria y lograr dignificar nuevamente esa profesión por el bien y la paz del país.