Gobernabilidad es un concepto que se empieza a desarrollar a mediados de los años setenta, debido a la carencia de respuestas de las democracias liberales frente a las graves demandas sociales de la época. Así, por ejemplo, el Mayo francés, las multitudinarias protestas en contra de la guerra de Vietnam, crisis de las economías occidentales y la erosión de las ideologías. El debate conceptual gira en torno a la legitimidad (consenso social) del sistema político, proponiendo como necesario encontrar el justo medio entre el ejercicio del poder y las responsabilidades de todos los actores como, por ejemplo, los medios de comunicación, centrales obreras, banqueros, organizaciones indígenas, partidos políticos, los tecnócratas, etc.
La meta es lograr una cabal relación entre la agenda oficial de políticas públicas y el rol que la sociedad civil organizada debe desempeñar, por supuesto, otorgándoles el espacio necesario para ello y ejerciéndolo estas con la debida responsabilidad cívica. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su Informe sobre Desarrollo Humano 2002: “Dicho en otras palabras, la gobernabilidad es la capacidad de procesar los conflictos que tiene una sociedad en su conjunto, es diálogo, intercambio, participación”. O, “…la capacidad de todos los actores políticos estratégicos para moverse dentro de determinadas reglas de juego -una especie de concertación-, sin amenazas constantes de ruptura que siembren la incertidumbre en el conjunto de la sociedad...” (Rojas Bolaños, 1995).
Luego de diez años con un gobierno fuertemente impregnado del estilo y personalidad de Rafael Correa, Ecuador está ingresando a un nuevo escenario político. Parecería que el ambiente se refresca en el flamante oficialismo, se garantizan cuotas de poder a sectores privados que se sentían postergados o excluidos; ánimo que se mantiene en el Legislativo, también, al tomar la oposición los espacios facilitados que como minoría les corresponde, inclusive CREO, reconociendo así al nuevo régimen. Es evidente la prudente moratoria de la oposición al nuevo gobierno, mientras observa como este mueve las piezas va ocupando los espacios que el juego democrático le otorga.
Todo está bien y es de aplaudir aquello que signifique construir gobernabilidad social, pero el hecho cierto es que Ecuador viene votando mayoritariamente por un determinado tipo de Estado, uno soberano, inclusivo, solidario y redistribuidor de riqueza; las matrices del desarrollo están puestas. La respuesta de la oposición que corresponde es la responsable y adecuada cívicamente, una postura que construya y signifique “diálogo, intercambio, participación”, sobre las bases mencionadas. En caso contrario, si los actores políticos no ejecutan su parte, si el rol de oposición es confundido con obstruccionismo, si la apertura oficial la suponen debilidad o si en el camino la agenda social empieza a distorsionarse, mermando lo ya ganado por la ciudadanía, pues, aguas bravas nos esperan.
Ciertamente que debemos hacer todo lo posible por mantener la necesaria gobernabilidad que propicie nuestro desarrollo, es tarea de todos construirla ejerciendo cívicamente nuestro rol, pero no es a cualquier costo ni sacrificando aspiraciones mayoritarias. Hay una renovación presidencial que implica un cambio de estilo y que debería traducirse hasta en una renovación de métodos, pero la finalidad es la misma, por esta se votó. Si lo que no se consiguió en las urnas se trata de obtener con el cabildeo o la intriga, intentando cambiar o cambiando la agenda que el pueblo avaló electoralmente, aprovechando la apertura que con buena fe democrática ha provocado el nuevo régimen, existirá un pueblo traicionado y agredido. Philippe Schmitter señala como uno de los indicadores clave de ingobernabilidad a la “…inestabilidad; la cual se produce cuando las élites fracasan en su intención por conservar sus posiciones de dominación o para reproducir las condiciones preexistentes…”. (O)