El tema de la Gestión Pública Democrática ha dejado de ser desde hace algún tiempo asignatura perteneciente al área académica y ya se lo relacionó con la concepción de una sociedad organizada. Se observa que, en el escenario ecuatoriano, los desafíos contextuales y condiciones para la organización y la gestión de los Estados, especialmente los de desarrollo, requieren acciones concretas para buscar un fortalecimiento institucional mediante la participación de la sociedad.
Al analizar la administración pública de forma más restringida, se advierte que presenta características y principios que contribuyeron a su evolución a través de tres modelos básicos de su organización: patrimonialista, burocrático y gerencial. Estas tres formas se suceden en el tiempo, pero ninguna de ellas ha sido completamente abandonada, se traslapan dependiendo del tipo de autoridad, marco jurídico y principalmente la concepción que tengan los gobernantes sobre la democracia y sus instituciones. En gobiernos pasados, en el Ecuador, el tipo de organización se caracterizó por ser patrimonialista, es decir, se actúa de tal forma que se considera que al aparato público es de propiedad de las élites que gobiernan, afectando toda forma de organización de la sociedad para el control de los recursos públicos.
La evolución actual del Estado, con la inserción del modo organizativo democrático y de las tecnologías, mejoró los mecanismos de fiscalización por parte de la sociedad, caracterizándolo como de importancia fundamental la participación, esto le otorga a la gestión pública una característica de mayor legitimidad. Claro, siempre y cuando los organismos de control no sean apropiados por las élites. De ahí nace necesidad de que la sociedad participe en el control social, para que exista la transparencia en los actos gubernamentales. Es inaceptable en el Estado de derecho democrático moderno que el gobierno sea cerrado, hermético, sin dar satisfacción por sus actos.
En nuestro país, los contextos políticos, económicos y sociales actuales requieren transformaciones macroinstitucionales, como las que se hacen con el esfuerzo por disponer de gobiernos abiertos. Las transformaciones significativas en las instituciones públicas la preocupación con el principio de participación de la sociedad en las cuentas públicas y su control. Se requiere promocionar la cultura del diálogo, de favorecer el trabajo de la sociedad sobre sí misma con las instituciones públicas. Por fin, se entiende que la relación entre el Estado y la sociedad civil proporciona la transparencia, por lo cual el control del Estado no debe estar exclusivamente concentrado en los organismos burocráticos sino en la sociedad organizada y legítima. Ya no hay vuelta atrás con la presión de una ética para fortalecer la Gestión Pública Democrática. (O)