Georgia y la Corte Suprema de EE.UU.: Jugando con la maquinaria de la muerte

El 28 de marzo, la Corte Suprema se negó a considerar el caso de la condena a pena de muerte de Troy Anthony Davis. Era su última apelación. Davis fue condenado a pena de muerte en Georgia hace casi veinte años luego de haber sido hallado culpable de matar de un disparo a Mark MacPhail, un oficial de Policía que no estaba de servicio, en Savannah. Desde su procesamiento, siete de los nueve testigos no policiales se retractaron de su declaración, alegando coerción e intimidación policial para obtener su testimonio. A pesar de la duda que rodea a este caso, Troy Anthony Davis podría ser ejecutado en las próximas semanas.

Davis está ahora a merced de la Junta de Perdón y Libertad Condicional del estado de Georgia, que podría conmutar su pena por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Será una lucha difícil, a pesar de los pedidos de indulto a nivel nacional e internacional realizados por figuras como el papa Benedicto XVI, el arzobispo Desmond Tutu y el ex presidente Jimmy Carter.

Recientemente Illinois se convirtió en el décimo sexto estado de EE.UU. en declarar ilegal la pena de muerte. Jugar con la maquinaria de la muerte es precisamente lo que algunos estados parecen estar haciendo. El tiopental es uno de los tres fármacos utilizados en el “cóctel” letal administrado en la mayoría de las ejecuciones en EE.UU. Hospira, la última empresa con sede en EE.UU. que fabricaba tiopental sódico, dejó de elaborar este fármaco controlado, provocando su escasez a nivel nacional. Los estados comenzaron a pelearse por mantener suministro suficiente en sus cámaras de ejecución. Cuando California le pidió prestado un fármaco similar a Arizona, el subsecretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación de California, Scott Kernan, escribió en un correo electrónico enviado a sus pares de Arizona: “Nos salvaron la vida...”.

Resulta que Georgia habría importado ilegalmente su suministro de tiopental de una empresa de dudosa reputación de Londres, denominada Dream Pharma Ltd., administrada por un matrimonio en un lugar alquilado en la parte trasera de una academia de conducción. Georgia no cuenta actualmente con un permiso de la DEA, la Administración de Control de Drogas de EE.UU., para importar sustancias controladas, por lo que la DEA recientemente confiscó el suministro de tiopental de dicho estado. Mientras se aguarda la investigación del caso, Georgia no contará con este elemento fundamental, por lo que no podrá ejecutar a Davis ni a ningún otro prisionero condenado a pena de muerte.