Después de la huelga general, realizada por las centrales obreras y los “indignados”, para protestar contra la reforma laboral y ajustes, el gobierno conservador de Rajoy ha realizado un ajuste draconiano con una reducción de gasto público (17.800`) e incremento de ingresos (12.313`) para alcanzar un déficit fiscal de 5.3% del PIB en 2012.
El recorte será en el gobierno central (-3.5% del PIB), comunidades autónomas (-1.5% del PIB) y Corporaciones Locales (-0.3 del PIB). En el primero, las reducciones más fuertes, excluyendo la cooperación externa, son en los Ministerios de Fomento (34.6%), Industrias (31.6%), Agricultura (31.2%), Hacienda (22.9%), Economía (19%), Empleo (-7.4%) y Defensa (8.8%). Pero además se reducen las inversiones públicas. De lo anterior, se desprende que bajan los gastos productivos e inversión, lo cual afectará aún más la recesión, y los gastos sociales se contraen en 4.3%. Los mayores recortes son en Servicios y Promoción Social (-15.7%), Fomento de Empleo (-21.3%) y Ayudas para Acceso a la Vivienda (-31.7%). Lo segundo va a impulsar más aún el desempleo y el tercero va a generar menos acceso a la vivienda.
Políticas incoherentes, con la reforma laboral, que según el gobierno busca más empleo y la situación de desahucio o desalojos de casas (58.000 en 2011) por no poder pagarlas, tanto de españoles e inmigrantes (entre ellos ecuatorianos). Se suma la disminución en sanidad (-6.8%) y educación (-21.9%) lo que va a afectar el nivel de bienestar de la población. Además, hay congelamiento de los sueldos de los funcionarios públicos.
Pero aún más, la luz aumenta 7%, el gas natural 5% y el gas butano 2.9%. Esto significa un aumento del costo de la canasta familiar. Estos incrementos se suman a los que se dieron ya en 2011. El aumento de la energía eléctrica y del gas es para cubrir un déficit tarifario. A eso hay que sumarle el aumento del precio de la gasolina. En conjunto, todas las medidas significan un duro golpe económico para la población.
El incremento de los ingresos se basa en cambios del Impuesto a la Renta de Empresas, reducción de deducciones, impuesto de 8% a beneficios de las empresas en el exterior. También se incrementa la recaudación de este impuesto para las personas. Además, hay una subida del impuesto al tabaco y tasas judiciales. Finalmente se declara una amnistía fiscal para obtener más ingresos.
Este paquetazo afecta más la población de menores recursos y clase media. A eso se suma la reforma laboral, del Estado, financiera y la ley de estabilidad presupuestaria. La política económica del gobierno de derecha, para enfrentar la crisis, es una severa política de ajuste, aplicada por shock, y profundas reformas estructurales. Es un mazazo brutal a la población. Se está configurando un Consenso de Bruselas (similar al Consenso de Washington), liderado por Alemania, como receta para reducir los desequilibrios macroeconómicos y salir de la crisis. Y para el salvataje financiero se ha incrementado el Fondo de Rescate Europeo.