Es gravísimo; menos mal que el gobierno en Argentina ha tenido mano firme y clara en el manejo de una deuda externa que heredó de gobiernos anteriores, cuyos mentores están hoy en las oposiciones políticas. Lo cierto es que si el país del Cono Sur obedece la orden judicial de un magistrado estadounidense en favor de fondos buitres, puede prepararse para su liquidación nacional. El cumplimiento es simplemente imposible, dado que implica una erogación impagable.
El gobierno de Néstor Kirchner heredó en 2003 una deuda externa enorme y creciente. Con audacia extraordinaria, encaró la difícil tarea de una negociación con los dispersos acreedores, los tenedores de bonos de deuda. Mostrando que el país no podía pagar en ningún caso el valor nominal de una deuda asumida de manera irresponsable tanto por prestatarios como por receptores, consiguió una extraordinaria quita de casi el 70% del valor de los bonos, y comenzó luego el pago de la nueva suma acordada.
El 92% de los bonos fueron acordados en este nuevo precio; sólo un 8% entró en la negociación. De ese porcentaje, una parte menor (1% del total de bonos) fue comprado por un fondo buitre a precio vil, y luego el fondo inició -tal cual es habitual en estos grupos del capitalismo parasitario- una acción judicial para reclamar el pago a precio nominal inicial, sin la quita acordada por el gobierno argentino con el 92% de los acreedores.
El problema es que si Argentina pagara a esos pocos bonistas el 100%, debiera hacerlo luego a todos los demás, con lo cual la suma a pagar se vuelve sideral, en torno de los 150 mil millones de dólares. Es una suma inpagable sin poner el país a remate.
Se llega a esto gracias a los neoliberales que contraían deuda irresponsablemente, desde la dictadura al gobierno de la Unión Cívica Radical de 1999 que llevó a la explosión social del año 2001. Algunos de ellos son los que acordaron que sea la justicia de Estados Unidos la que decida sobre deuda argentina; y son los que ahora mismo se muestran como antipatria en estado puro, al celebrar la decisión del juez Griesa, y acusar a la presidenta de no acatar el fallo.
En realidad fue la Corte Suprema de Estados Unidos la que confirmó la decisión de Griesa, absteniéndose de intervenir por sí misma, y desoyendo a gobiernos como los de México, Brasil, China, los del Grupo de los 77, y hasta incluso algunas instancias del de Estados Unidos. Hasta la voz del Papa fue ignorada.
La presidenta se ha mostrado serena y decidida frente a la situación. Argentina ha venido pagando y segurá haciéndolo, pero acorde a los términos de la deuda reestructurada por la negociación del año 2005. El país no puede aceptar el chantaje de pagar o morir, de pagar a fondos especulativos bajo la amenaza del hambre y la decadencia generalizada.
La solidaridad internacional ser hace imprescindible. Mientras no haya una legislación internacional que sancione a los capitales especulativos y sus mentores, será por vía política más que jurídica que nuestros países podrán protegerse de la amenaza del cálculo financiero voraz e implacable.