Cuando los ecuatorianos se disponían a tres días asueto para celebrar los 203 años de Independencia de Guayaquil, el caso del crimen del político, periodista y candidato presidencial, Fernando Villavicencio, dio un tumbo, cuando fueron presuntamente asesinados dentro de dos cárceles siete de los trece procesados en la investigación. Entre los siete fallecidos están 6 colombianos que estaban imputados como presuntos autores materiales del crimen, junto a otro más de la misma nacionalidad que murió el mismo día de los hechos. De los seis restantes, uno en calidad de testigo protegido, sería clave para desatar el nudo gordiano.
Feriado de infarto. Apenas a pocos días de la segunda vuelta electoral para elegir Presidente de la República y a dos meses del asesinato del candidato presidencial, en un comunicado de prensa colgado en su red social X, la Fiscalía General indicó: “Es importante señalar que durante la mañana y tarde de hoy se receptó el testimonio anticipado de uno de los testigos del hecho quien, bajo juramento, entre otras cosas, narró los preparativos y los montos ofrecidos por los autores materiales.
Además, señaló a los que habrían dado la orden para cometer el crimen”. El domingo 8 de octubre, el testigo rindió su declaración en la Cámara de Gessel del Complejo Judicial Norte, donde estaba previsto que lo acompañe un psicólogo de la Unidad Penal.
El proceso liderado por la fiscal general, Diana Salazar, criticada por el expresidente Rafael Correa, al llevar ella la acusación que derivó en la condena de ocho años de cárcel e inhabilitación política por cohecho que tiene vigente, quien reside en Bélgica bajo el estatus de refugiado y quien alega persecución política.
El exmandatario, en un mensaje de origen no revelado, asegura que «(al testigo) le han ofrecido todas las garantías para crear este falso positivo». «Se lo dijimos: asesinan a Villavicencio, retrasan un mes la indagación previa, matan a todos los sicarios excepto a uno, a quien tienen en un cuartel militar y lo hacen acusarnos el 10 de octubre, cinco días antes de las elecciones. Cualquier cosa con tal de impedir nuestra victoria», escribió Correa, que ve «un tremendo fraude procesal».
Antes había asegurado que el mortal atentado que sufrió el exasambleísta fue un «complot de la derecha» que les impidió ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta.
Todo esto ocurre, a pocos días de la oferta de seis millones de dólares por parte del gobierno de Estados Unidos, a quien o quienes entreguen información de autores intelectuales del asesinato del político y periodista. Tal ofrecimiento llamó la atención a más de uno; en ocasiones anteriores ya lo había hecho. Es la primera vez que Estados Unidos, interviene con una medida similar en nuestro país ya que era público la confianza que, en su carrera periodística y política, Villavicencio depositó en el sistema de justicia norteamericano. La medida puede ser sorpresiva para muchos pero no incomprensible.
El emolumento, primero en su género en Ecuador, evidencia la crisis en las funciones del país; Ejecutivo, Judicial, Legislativo, Policía, Electoral, Consejo de Participación y Control Social y Electoral.
En cámara lenta, los ecuatorianos fuimos testigos de la destitución de la cabeza del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, del remezón dentro de la Policía Nacional, de los responsables de las cárceles y de la Corte Nacional de Justicia, cuando anuncia que aceptó a trámite el recurso de revisión del caso ‘’sobornos’’. Si el recurso es aceptado, la condena podría quedar anulada para los 20 condenados, entre ellos Rafael Correa.
Claro que la democracia ecuatoriana jamás debe rendirse para encontrar a los autores intelectuales y cómplices del asesinato del político, por ello el anuncio del jefe de la diplomacia estadounidense, es positivo. Un FBI cauteloso y atónito, continúa en Quito ante las tramas espectaculares de la corrupción y la grosera impunidad de la justicia local. Mientras se esperan los resultados, las amenazas crecen. Cincuenta días después del crimen intimidan a la viuda del colega.
El pago de la millonaria suma no hay que tomarlo como un procedimiento simbólico, ya que está asociado a la movilización internacional que busca llegar a las mentes más obscuras y peligrosas de la región y del mundo.