El pasado 21 de diciembre los catalanes votaron para conformar el nuevo gobierno, después de meses de incertidumbre y batalla política para hacer valer las teorías de uno u otro sector, en función de su posición a favor o en contra de la independencia de Cataluña. El resultado de estas elecciones deja un panorama oscuro y complejo donde las posibilidades para conformar el Gobierno catalán pasan por complicados acuerdos y donde, a simple vista, los partidos independentistas sumarían la mayoría necesaria para dicho fin.
Pero el problema no está solo en el ámbito político, la deriva judicial, el problema social y la situación económica de Cataluña son elementos que en ocasiones pasan desapercibidos y sobre los que debemos reflexionar. Muchos de los líderes y candidatos al nuevo gobierno independentista están, en este momento, con procesos judiciales abiertos, por irrespetar la normativa vigente en su intento fallido de conformar un gobierno independiente de España. Incluso el expresidente catalán Puigdemont, ahora se encuentra en Bélgica para eludir la justicia española.
Es aún más preocupante la problemática social generada por la irresponsabilidad de los políticos que han liderado este proceso.
La sociedad catalana está rota, dividida, polarizada con familias destrozadas por tomar parte en una u otra posición, las heridas abiertas no serán fáciles de cicatrizar. Pero no es menos grave el contexto económico que deja esta deriva independentista: más de 3.000 empresas han salido de Cataluña, descenso del turismo en los dos últimos meses, por citar algunos ejemplos que ya hacen estragos en el crecimiento económico.
España y la Comunidad Autónoma de Cataluña deben buscar un acuerdo pactado, deben dialogar, deben generar, desde la responsabilidad política, una solución a este problema que hoy ha roto una parte importante de España. Ojalá y los líderes políticos sean capaces de estar a la altura del contexto histórico que en este momento vive la democracia española. (O)