El viernes 10 de junio, con la presencia del director general de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, el presidente colombiano Juan Manuel Santos ha firmado la ley de reparación de víctimas. Este acontecimiento genera grandes expectativas políticas porque puede cambiar radicalmente la historia del conflicto político en ese país. La ley busca ni más ni menos que reparar el descomunal daño que el conflicto interno ha producido en millones de colombianos. Uno de los ejes centrales de la ley es el de la restitución de más de dos millones de hectáreas que han sido robadas a los campesinos y el repoblamiento de más de cuatro millones de hectáreas que han sido abandonadas por desplazados por el conflicto interno.
La ley también contempla reparación pecuniaria, formas de asistencia a las víctimas y la creación de mecanismos políticos y sociales que eviten que la trágica situación que se ha experimentado en Colombia se vuelva a repetir. Un hecho notorio fue el establecimiento del año de 1985 como el momento desde el cual se reconocen los derechos a las reparaciones. Inicialmente se había propuesto como punto de arranque el año de 1991, lo que excluía de los beneficios de la ley a la Unión Patriótica, un partido de izquierdas que sufrió el asesinato de cerca de 5.000 de sus militantes desde mediados de los ochenta.
Se podrían señalar algunos objetivos políticos del gobierno de Juan Manuel Santos con la sanción de la ley: afirmar la perspectiva oficial del triunfo sobre los grupos violentos al mostrar un plan de intervención del Estado en un contexto de posconflicto. En este supuesto triunfo, Santos ha cumplido un rol protagónico como ministro de Álvaro Uribe y como presidente. Santos también busca recuperar el papel protagónico del partido liberal que venía de capa caída en medio de la crisis de los partidos de las últimas décadas y distanciarse del gobierno de Uribe. Este distanciamiento busca recuperar el rol tradicional de las elites bogotanas que en cierto modo habían sido rivalizadas por el sector de Uribe, cercano a la Antioquia de las mafias y del paramilitarismo.
Sin embargo, la implementación de la ley tiene grandes escollos como la legalizacón fraudulenta de cientos de miles de hectáreas por sectores del paramilitarismo y de la mafia, la presencia de la guerrilla en importantes secciones del país y el reciente asesinato de líderes de organizaciones sociales que trabajan a favor de las víctimas del conflicto. Con la ley el estado está obligado a proteger a los miembros de las organizaciones que la harían efectiva.