En una breve retrospectiva, América Latina ha enfrentado una sucesión de shocks externos mundiales desde la crisis subprime de 2008, la de la pandemia por el Covid 19 (que aún persiste) y la reciente provocada por la guerra dada la invasión rusa a Ucrania. Debido a las condiciones y deficiencias estructurales de la región y del Ecuador en aspectos sociales y productivos, dichas crisis dejarán profundas cicatrices en nuestras sociedades. En otras palabras, ninguna de ellas tiene el carácter de temporal ni serán superadas totalmente y menos con medidas de política económica ortodoxas.
En los países desarrollados revisan a la baja sus proyecciones de crecimiento dada la complejidad que presenta el 2022 y las perspectivas del 2023. Observaremos una contracción de su demanda lo que determina menores flujos de comercio en un entorno de fuertes presiones inflacionarias, principalmente por los mayores costos de la energía e insumos alimenticios derivados por la guerra y el encarecimiento de la cadena logística. La ortodoxia económica en estos países dictamina una subida de las tasas de interés para controlar el incremento de precios, lo cual encarecerá la inversión reduciendo el dinamismo de creación de empleo a lo que se sumarán crecientes demandas sociales.
En Ecuador recién alcanzaremos a igualar o superar el PIB de 2019 en uno o dos años más, a pesar de observar incrementos en las ventas y dinamismo en ciertos sectores; sin embargo, el empleo y la inversión no se recuperan. La tendencia de crecimiento de la economía en el país, desde hace una década es muy baja, alcanza apenas el 2.1%. Tasa que nos condena a mantener los alto índices de pobreza y a profundizar la desigualdad. En este difícil entorno los desafíos de la política macroeconómica deben conciliar políticas de reactivación económica que incluyan el control de la inflación y sostenibilidad de las finanzas públicas.
Como país dolarizado tenemos limitaciones de política monetaria; y, en política fiscal, no hay lugar para más reformas tributaria, salvo revisar aranceles y subsidios, sobre todo de la gasolina para liberar recursos bajo un criterio de focalización que favorezca a los grupos sociales de menor nivel económico. Quedan pocos espacios para enfrentar los desafíos de política macroeconómica dado el complicadísimo entorno descrito. Por ello, es imprescindible tener un mínimo de gobernabilidad y consenso en la orientación de políticas macroeconómicas, entre ellas las laborales. La indolencia de la Asamblea de espaldas a esta realidad que nos supera no sólo es preocupante sino desestabilizante para la democracia. La consulta popular puede ser un primer paso para dar una respuesta política que empiece a encaminar a un país que persiste y se empeña en remar en contrario.