Los procesos de independencia en la Hispanoamérica de la época procuraron liberar a indígenas, esclavos y trabajadores de las cadenas que mantenían su miseria y opresión. Pero los grandes líderes, pensadores y luchadores independentistas, con visión de reforma social para edificar sociedades basadas en la libertad y el progreso, fueron desplazados por aquellas capas de criollos que aprovecharon del proceso independentista a su favor, para instaurar repúblicas oligárquicas que duraron largo tiempo en América Latina.
Bajo esas repúblicas oligárquicas no existió democracia, a pesar de las líricas declaraciones constitucionales; predominó la exclusión social de los sectores populares y de trabajadores; y el Estado reflejó el poder e intereses de las minorías dominantes. Los liberales latinoamericanos en confrontación permanente con los conservadores y la Iglesia fueron quienes impulsaron las reformas para abolir la esclavitud, el tributo indígena y la sujeción campesino/indígena a las diversas formas de servidumbre en las haciendas. La Revolución Liberal Ecuatoriana (1895), acaudillada por el radical Eloy Alfaro, consagró tardíamente los derechos individuales de carácter civil y político, que en otros países latinoamericanos como México, Argentina o Chile se alcanzaron a mediados del siglo XIX y que en Ecuador recién fueron consagrados en las constituciones de 1897 y, sobre todo, en la de 1906.
Gracias a la Revolución Juliana (1925) y a la Constitución de 1929, en Ecuador fueron proclamados por primera vez los derechos sociales y laborales, en una época de ascenso de los movimientos obreros y de trabajadores, así como de creciente influencia del pensamiento socialista, impulsado por el triunfo de la Revolución Rusa (1917) y la construcción del socialismo en este país.
Esos derechos sociales y laborales se ampliaron e institucionalizaron con el Código del Trabajo (1938) y se mantuvieron intangibles en las siguientes constituciones: 1945, 1947, 1968, 1979 y 1998. Siempre han sido resistidos por empresarios y oligarquías sin visión social; de modo que, a pesar de lo dispuesto por las dos últimas cartas, el modelo empresarial-neoliberal que se afirmó en Ecuador durante las décadas de los años 80 y 90, construyó la flexibilidad y la precarización del trabajo, sin que importaran las leyes ni los trabajadores.
La Constitución de 2008 y, sin duda, el gobierno de la Revolución Ciudadana, recuperaron el valor de los principios laborales, reafirmaron los derechos del trabajo y superaron el modelo neoliberal.
En la actualidad, la propuesta de enmienda constitucional sobre el trabajo tiene que seguir la trayectoria democrática de las conquistas de los trabajadores y consagrar el respeto efectivo a los derechos universales del trabajo que hoy están reconocidos por las Naciones Unidas, a los que hay que sumar tres principios contemporáneos: redistribución de la riqueza, democratización de los medios de producción y participación de los trabajadores en la administración empresarial. (O)