Cuando cesaron las deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente en Montecristi, en el año 2008, considerada uno de los hechos más importantes en la vida de nuestro pueblo, los ciudadanos estábamos ciertos de que se trataba de la Carta Magna para construir un porvenir pletórico de obras y realizaciones para el buen vivir.
Además, sabíamos que la normativa suprema no estaba grabada y pulida en piedra, y por tanto, como toda obra humana y expresión de un pacto social dinámico y vivo, debería estar sujeta a reformas o enmiendas para mejorarla y ubicarla frente a la materialidad cambiante del Ecuador y del mundo.
Tampoco podíamos olvidar que nuestra patria ha sido pródiga en cónclaves constitucionales y que numerosos productos jurídicos han sido manifestación de esos congresos, desde la primera de Riobamba en 1830, cuando surgimos como nación independiente después de separarnos de la magna obra bolivariana: la Gran Colombia, hasta los múltiples manuales de leyes y mandamientos surgidos de otras tantas convenciones para estructurar la ley suprema para los ecuatorianos.
Y aunque sería de justicia resaltar que de esa pléyade de estatutos y códigos constitucionales, la mayoría correspondió a situaciones y acomodos políticos de coyuntura, solamente tres respondieron a las necesidades y al interés patrio y de las grandes mayorías nacionales: la de la revolución Alfarista de 1897; la insurrección popular armada del 28 de Mayo y la actual. Esta última, en su parte dogmática y doctrinaria, consagra al Ecuador como un Estado de Derecho y Justicia Social, democrático, unitario, soberano, independiente, intercultural, plurinacional y laico; instaura los derechos humanos civiles y políticos, los económicos, sociales, culturales, los colectivos y de la naturaleza, además de sustentar el régimen de desarrollo y del buen vivir, y la organización territorial del país y las nuevas y soberanas relaciones internacionales.
Por primera vez en nuestro devenir histórico, frente a la convocatoria constitucional de Montecristi no hubo protagonistas iluminados. Hoy el presidente Rafael Correa, en absoluta capacidad constitucional y legal, realiza su llamamiento al gran elector y mandante: el pueblo ecuatoriano, para realizar enmiendas modificaciones a unos pocos artículos de los 444, que constan en el texto constitucional. Esto realza su gran conexión con el pueblo y la confianza en la verticalidad y sabiduría de la ciudadanía ecuatoriana.