“El sistema de justicia es un engranaje, si una de sus partes falla el resultado será la impunidad”. Esa fue la declaración realizada por la Fiscal, Diana Salazar, quien manifestó su preocupación por las decisiones judiciales tomadas, en torno a los pedidos de prisión preventiva para el ex presidente Abdalá Bucaram y el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, por presuntos casos de corrupción. Salazar indicó que desde la Fiscalía se ha cumplido con las obligaciones establecidas en la Constitución y las leyes, e hizo un llamado para que el resto de entidades lo hagan.
Frente a esta situación, es importante recordar a la ciudadanía algunos puntos. La sociedad ecuatoriana a través de una consulta popular, en febrero de 2018, decidió el camino a seguir para combatir la corrupción. En primer lugar, se aprobó la enmienda a la Constitución, para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción, inhabilitándolo de la participación en la vida política del país. En segundo lugar, la ciudadanía respaldó la reestructura del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dando por terminado el período constitucional de los miembros de aquel entonces, y que el Consejo transitorio tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades de control.
En la actualidad, el Ecuador atraviesa un momento de transición y de excepción; de transición pues pasamos de un Estado autoritario a una democracia (aún con limitaciones) De excepción, pues ante el nivel de corrupción desplegado en el país, tanto la Fiscalía como los jueces tienen un nuevo escenario para actuar, dentro de un marco de independencia de poderes.
La Fiscal General, como autoridad máxima y representante legal, está sujeta a principios constitucionales, derechos y garantías del debido proceso. Ante denuncias de corrupción, es la encargada de recoger la mayor cantidad de pruebas y evidencias. Dentro de los procesos que forman parte del aparato judicial, la Fiscal lleva ante el juez el conjunto de pruebas, producto de su investigación y solicita allanamientos y detenciones con fines investigativos. Esta entidad formula cargos y pide medidas cautelares a los jueces, pero son estos los que finalmente resuelven sobre ello.
La Ley determina la adopción de medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva (medidas que buscan proteger los derechos de los participantes en el proceso penal). Estas pueden ser: prohibición de salida del país, arresto domiciliario, presentación periódica ante un juez o la colocación de un dispositivo adherido al cuerpo (grillete).
En el caso del prefecto Morales, la Fiscalía presentó pruebas y solicitó al juez la prisión preventiva. El juez consideró que la prisión preventiva es excepcional ante lo cual surgen algunas interrogantes: ¿Estamos frente a un estado de excepción? ¿Resulta dramático y alarmante que en un estado de excepción se administren a discreción recursos que deben ser destinados a combatir la pandemia? En ambos casos, la respuesta es afirmativa.
En las últimas horas, se ha detenido al legislador Daniel Mendoza, por presunto delito de delincuencia organizada. Lo mencionado evidencia cómo la pandemia de la corrupción se ha profundizado en el Ecuador en los últimos años, frente a la cual, las entidades encargadas deben actuar de manera eficaz. La Fiscalía ha desplegado varias acciones importantes en ese sentido, habrá que esperar las decisiones de los jueces a través de sus fallos. (O)