Víctor Guaillas es uno de los cientos de personas privadas de la libertad masacradas en el último año en las cárceles del país. Víctor, oriundo de San Pedro Yumate en la parroquia de Molleturo, era un defensor de la naturaleza. El campesino morlaco fue detenido en las protestas de octubre de 2019 y condenado, en primera instancia, por un supuesto delito de sabotaje y terrorismo.
El asesinato de Víctor es la prueba fehaciente que la administración de justicia y el sistema nacional de rehabilitación social son la metástasis de nuestra sociedad.
A contracorriente del simplón y deshumanizado argumento que califica a las personas privadas de la libertad como la escoria de la sociedad, las cárceles están llenas de seres humanos de escasos recursos que no tuvieron la oportunidad siquiera de contar con el apoyo de ningún abogado mientras que los grandes delincuentes de cuello blanco pasean impunemente por el mundo.
Víctor tampoco era miembro de ninguna banda y, menos aún, pertenecía a una supuesta organización delictiva transnacional que es la cansina justificación de un Gobierno que no entiende y es incapaz de controlar la mayor crisis carcelaria de nuestra historia.
Frente a la inseguridad, el presidente de la República Guillermo Lasso, el 29 de septiembre, declaró el estado de excepción en todos los centros de privación de la libertad del país y, el 18 de octubre, declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional. El segundo decreto ejecutivo estará fuera de vigencia pasado mañana y, como había sido advertido, poco o nada ha servido para solventar la grave situación social.
La crisis del sistema nacional de rehabilitación social no es un problema aislado. El sistema tiene como objetivo principal que las personas sentencias penalmente, luego del cumplimiento de sus condenas, puedan reinsertarse en la sociedad. Si el sistema no cumple su función y no habiendo cadena perpetúa en el Ecuador, más temprano que tarde los conflictos carcelarios saldrán a las calles del país.
En este contexto, tras una minuciosa investigación, la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional realizó un total de 110 recomendaciones para que el presidente de República y la Función Judicial puedan enfrentar la crisis carcelaria y la inseguridad que nos atemoriza a todos.
El Estado tiene que garantizar la vida de las personas privadas de la libertad y solicitar urgentemente el apoyo y la asistencia técnica de expertos así como de la comunidad internacional para precautelar la seguridad integral de los ecuatorianos.