Según las últimas cifras del Ministerio de Salud, en los últimos 3 años se registraron 11,390 embarazos en niñas y adolescentes menores de 14 años, y 5,238 niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia física, sexual y psicológica. A esto se suma que desde 2021 a 2023 se registraron 611 abortos en niñas menores de 14 años y se reportaron 14 casos de violencia sexual cada día (Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, Fundación Desafío y Trenzando Feminismos, diciembre de 2023). Por su parte, el informe del año 2022 develó que las provincias en las que se registraron las cifras más altas de embarazos de niñas se caracterizan por una mayor prevalencia de población indígena, afrodescendiente y montubia. Sobre la educación sexual, esta sigue siendo ineficiente y existe una tendencia de oposición al aprendizaje de la prevención del embarazo adolescente (Human Rights Watch, julio de 2024).
Estos datos son traídos a colación con la intención de resaltar los siguientes aspectos: 1. En Ecuador las mujeres no tienen poder de decisión sobre la edad en la que desean gestar. De hecho, en Ecuador existe una tendencia significativa de “embarazo infantil”, la mayoría como resultado de incesto. 2. Las mujeres y niñas en Ecuador son víctimas de violencia sexual regularmente, producto de lo que tienden a quedar embarazadas. 3. El componente sociocultural afecta la comprensión de una comunidad sobre la sexualidad de la mujer desde la aparición de los rasgos sexuales femeninos en la pubertad. 4. En la idiosincrasia ecuatoriana prevalece la comprensión de la sexualidad como un “mito” y con ello la necesidad de invisibilizarla, lo que afecta el acceso a una educación sexual integral.
Es decir que, en Ecuador la realidad de las mujeres en torno a su capacidad para gestar es interseccional. Las condiciones estructurales en complemento a las características sociodemográficas de la mujer delimitan sus posibilidades en cuanto a decidir cuándo y cómo embarazarse. En ese sentido, la afirmación de que en Ecuador las mujeres no eligen gestar, nos plantea la necesidad de reconocer que la lucha por la autonomía reproductiva no es un tema de elección sino de “justicia reproductiva”. Este paradigma exige que el embarazo y maternidad infantil y adolescente, la violencia sexual y los abortos clandestinos, sean comprendidos de manera integral e interseccional, en tanto que no son aislados, ni tampoco son realidades escogidas.