La apreciación general de los actores y gestores -y de la propia ciudadanía- es que la Revolución Ciudadana tiene una deuda con la cultura nacional. Todos coinciden en que 9 ministros en 10 años es demasiado. Y que por esta razón no ha sido posible generar una política pública para el sector. Además, y a pesar del mandato constitucional, aún no se expide la Ley de Cultura.
Todo esto es cierto. Sin embargo, esto no quiere decir que -durante estos años- no se haya hecho nada por la cultura. Se ha hecho, y mucho. Es más, ningún gobierno entregó tantos recursos económicos directamente a artistas, creadores y gestores culturales como el de la Revolución Ciudadana. Recursos que fueron canalizados, en su mayoría, a través de los fondos concursables, tanto del Ministerio como del Consejo Nacional de Cine.
Como nunca en la historia republicana, se invirtió y se hizo tanto por el cuidado y preservación de nuestros patrimonios a través del decreto de emergencia patrimonial y la gestión del Ministerio Coordinador de Patrimonio. Y sin embargo, se tomó la decisión -hasta hoy incomprensible- de suprimirlo.
Así mismo, los artistas y creadores, como en ningún gobierno, han tenido la oportunidad de viajar a países de todo el mundo. Ecuador ha estado presente en los más importantes festivales, ferias y eventos culturales. Numerosos escritores de todas las regiones han viajado a las ferias internacionales a presentar sus libros. Y el mismo 1 x 1 para la música nacional es un avance significativo, aunque de poco sirve si no viene acompañado de política pública para la incipiente industria musical.
Para no ir más lejos, más de cien artistas y gestores culturales estuvieron en Buenos Aires para ser parte del Mercado de industrias culturales del Sur. Y en septiembre próximo lo harán otros cien (ojalá no los mismos). Aunque claro, para la mayoría -como lo dicen los propios beneficiarios- fue una experiencia que les permitió abrir los ojos para, efectivamente, comprobar que Ecuador está aún en pañales y sencillamente es imposible competir con el resto de países del continente, y peor firmar acuerdos.
Lo mismo sucede con entidades culturales privadas que han recibido importantes recursos económicos del Gobierno Nacional, lo que les ha permitido mantener vigentes sus proyectos y, en algunos casos, crecer y consolidarse. De otra forma -sin recursos del Estado- sencillamente ya habrían cerrado sus puertas. Pero claro, no se trata solo de entregar subvenciones, se trata de generar un espacio idóneo para desarrollar emprendimientos culturales. Y esto es, precisamente, lo que debe permitir la nueva Ley de Cultura.
Artistas y gestores culturales de provincias y de pequeñas ciudades han recibido durante estos años, por primera vez, recursos para sus proyectos.
Insuficientes, ciertamente, pero con los gobiernos anteriores nunca recibieron nada, ni siquiera apoyo moral. Proyectos que, lastimosamente, no han tenido acompañamiento por la débil -e ineficiente- labor de las direcciones provinciales de cultura.
El propio Gobierno, en el momento de evaluar la década, no ha incluido el tema de cultura. Y tampoco ha sabido destacar los hechos culturales importantes que se han generado desde su propia gestión. Y sin duda, la mala administración de los últimos ministros de Cultura -nula iniciativa, baja ejecución y cero diálogo con el sector- ha ocultado las acciones positivas y, sobre todo, ha determinado que la ciudadanía perciba que, en cultura, ha sido una década perdida. (O)