Por el SRI sabemos que, entre 2012-2016, 94 grandes grupos económicos (GGE) sacaron de nuestro país $ 2.008 millones hacia paraísos fiscales, perjudicando su economía e incurriendo seguramente en delitos tributarios. Frente a esto, el gobierno de la Revolución Ciudadana (2007-2017) convocó a una consulta popular orientada a impedir el acceso al servicio público de estos malos ecuatorianos. La mayoría se pronunció afirmativamente el 19-02-2017 y el 24-08-2017 la actual Asamblea Nacional aprobó la ley sobre los paraísos fiscales.
Pero, ¡oh sorpresa!, este mismo Estado que denuncia y sanciona esta irresponsabilidad de las oligarquías -las mismas que causaron el feriado bancario de 1999-, poco menos que les ruega que traigan sus capitales para invertir en el país. Y pese a sus presumibles delitos, ¡les premia con la exoneración del impuesto a la renta por cinco años! Esa es una de las medidas económicas tomadas por el gobierno de Moreno que manda un mensaje ambiguo a la ciudadanía sobre los paraísos fiscales. ¿En qué mismo quedamos? ¿Se sanciona o se premia esta conducta evasora de las élites?
Los más ricos se quejan como pobres por el pago de impuestos y sus alegaciones permanentes son la rebaja, suspensión y hasta la eliminación de impuestos. Pero, ellos, además, no los pagan. En 2014 el SRI informaba que los 200 GGE le debían $ 2.385 millones. A 2017, la deuda de los ya 215 GGE era de más de $ 2.260 millones. Este es y ha sido el comportamiento normal de los sectores más pudientes que antes no pagaban y ahora, en el marco de un Estado más moderno, se resisten a hacerlo. Son ‘termitas fiscales’ (Elizondo y Santiso, 2006), porque con su conducta minan las posibilidades de desarrollo del país. Pero, además, utilizan su poder para alargar lo más posible ese pago a través del denominado ‘carrusel jurídico’ y, sobre todo, a la espera de que cambien las autoridades y se den de baja los juicios.
¿Cómo caracterizar estos comportamientos? Sin duda, como corrupción, porque son transgresiones sistemáticas de obligaciones por parte de estos GGE que afectan el bienestar colectivo. Pero también como apátridas, porque poco les importa su país. Sin embargo, los medios no hablan sobre ello, ni ningún ‘frente anticorrupción’ ha convertido la lucha contra la evasión tributaria en un punto fundamental de sus agendas. Más aún, las recientes medidas económicas del Gobierno, además de ceder frente a sus quejas, prometen una lucha en abstracto contra este cáncer económico: no plantean ningún mecanismo concreto frente a la actual evasión.
Pero, ¡oh sorpresa!, son estas mismas élites corruptas las que hoy apoyan la consulta propuesta por el Gobierno, a nombre dizque de la ‘lucha anticorrupción’. ¡Qué gran cinismo! Su verdadera apuesta será por el cambio en las relaciones de poder del Estado que les permita garantizar la impunidad de sus delitos tributarios, mientras comparecen socialmente con ese falso discurso, como intachables damas y caballeros. (O)