A menos de siete días, el pueblo ecuatoriano podrá “premiar” o “castigar” a las 43 personas que buscan obtener un espacio (de siete) en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Lógicamente, quienes estamos habilitados para ir a las urnas debemos ser conscientes de la responsabilidad que tenemos, en virtud de que la decisión de cada elector genera efectos plenos y directos en el presente y futuro de la nación.
Esa responsabilidad ciudadana estimula a que el elector actúe con sabiduría en el ejercicio del sufragio universal; y, para que su comportamiento sea tal, debe alimentarse básicamente de información, misma que obligatoriamente sea sostenida por varios pilares, por citar el de oportunidad (en el justo momento, ni antes ni después) y el de calidad (no incompleta, no inexacta, no redundante). No me detendré en calificar el trabajo del Estado a través del Consejo Nacional Electoral en esta tarea. Aunque sí destaco cierto impacto -sea positivo o negativo- que ha tenido en el elector la reciente información recibida, producto de los hechos protagonizados por varias personas (en su pleno derecho de opinión): unas que han develado que optarán por “anular su voto”, otras que se muestran opuestas al CPCCS manifestando que “debe eliminarse porque acumula mucho poder”, y unas tantas otras que aseveran que “la atribución de designación de autoridades debe retornar al Legislativo”.
Lamentablemente debo señalar que esas posiciones son equivocadas; por un lado, hemos dicho ya, bajo el ala académica, que la iniciativa “voto nulo” es antidemocrática; por otro lado, es cierto que el CPCCS acumula mucho poder, pero ese poder (especialmente para designar autoridades) debe ser administrado por un espacio no partidista, y no por un espacio partidista (Legislativo). Consecuentemente, desaparecer el CPCCS equivaldría a desvalorizar el mérito y retornar a las históricas componendas dadas en el Parlamento ecuatoriano. (O)