2.4 millones de dólares es el presupuesto que se destinará para la consulta popular del Yasuní programada para agosto próximo. 2.4. millones de dólares del bolsillo de los ecuatorianos que servirán para imprimir papel, consumir energía / combustible y generar publicidad, lo que resulta contradictorio con el objeto de la propia consulta. 2.4 millones de dólares para todo menos para cuidar el Yasuní. Un proceso electoral de este tipo, como toda actividad del ser humano, genera impacto ambiental. En este caso no es un impacto menor y dicho impacto, dependiendo del resultado de la consulta, puede incrementarse sustancialmente.
En 2013 el Colectivo Yasunidos inició una cruzada nacional que impulsaba una consulta popular que proponía mantener el petróleo en el Yasuní (Bloque ITT) bajo tierra. Sin embargo, dicha iniciativa no fue posible en su momento y desde hace 10 años ha sido su bandera de lucha. Algunos de los argumentos de Yasunidos son la biodiversidad del Yasuní, así como la incompatibilidad de conservar un sitio tan mágico, mientras se desarrolla una actividad de extracción de hidrocarburos. Sin embargo, hoy en día la actividad es una realidad y así como sucede en otras jurisdicciones más maduras (Estados Unidos, Canadá, Australia), en Ecuador se cumplen con las mejores prácticas internacionales en cuanto a observancia y preservación de la naturaleza y la buena relación con comunidades. Tanto es así, que a la fecha no se ha producido ningún evento considerable/negativo por la actividad que allí se realiza y que comparándola con otras actividades humanas representa un impacto mínimo.
Además de las buenas prácticas internacionales en la operación, es importante considerar que la legislación ambiental ecuatoriana es sumamente rígida con respecto a la obtención de autorizaciones y permisos para realizar determinadas actividades y entre ellas la extracción de hidrocarburos. No solo se trata de obtener una simple “licencia ambiental” que de simple no tiene nada; un proceso de licenciamiento ambiental es un esfuerzo titánico que representa un trabajo de meses o años de un equipo multidisciplinario en distintas áreas. Ese equipo tiene que armar un estudio de impacto ambiental y su correspondiente plan de manejo ambiental para caracterizar y reconocer los posibles impactos de una actividad y saber con precisión cómo se van a resolver en caso de que sucedan. Cuando las actividades no son reguladas y se convierten en no autorizadas no existe un estudio ni un plan con su consecuente monitoreo por parte de la autoridad de control y este es un riesgo inminente que podría resultar si el resultado que gana la consulta es el sí.
En el caso del Yasuní y después de cumplir los requisitos legales, se inició la producción en el 2016 y hasta la fecha el Estado ha recibido más de 4.000 millones de dólares en utilidades. Estos recursos han permitido que las autoridades tengan la posibilidad de viabilizar otras necesidades no atendidas, pero algo aún más importante es que la operación per se ha logrado generar una dinámica economía local y cadena de suministro, activando pequeños negocios de todo tipo y logrando generar miles de plazas de trabajo directas e indirectas. Por ello, si la respuesta a la pregunta es sí, se deberá con seguridad planificar la transición y la evolución de todo lo que genera la operación para que todos esos beneficiarios no regresen a las precarias condiciones que tenían en la ruralidad del país antes del inicio de las operaciones en el Yasuní. Además de eso, el Estado dejará de percibir ingresos proyectados para los siguientes años.
El otro aspecto fundamental, en caso de que gane el sí, es la cantidad de recursos que demandará el desmantelamiento y cierre de la operación. Se habla de 1 año, pero técnicamente es imposible activar y ejecutar un plan de cierre de una operación hidrocarburífera de esta magnitud en tan poco tiempo, pues ello demanda una serie de acciones para precisamente restaurar las áreas intervenidas y devolver el sitio de operación en iguales o mejores condiciones de las que estaba antes de iniciar la operación.
En suma, vamos nuevamente a las urnas a elegir nuevas autoridades (ejecutivo y legislativo) y de paso con un par de preguntas sobre asuntos que, a la luz de algunas autoridades y sectores interesados, resultan relevantes para nuestro país. Lamentablemente, lo que no se analiza es el otro escenario que será cuando la ilegalidad impere y no exista un mecanismo efectivo de seguimiento y monitoreo de actividades, se pierdan plazas de trabajo y se destine cantidad de recursos a actividades que nada tendrán que ver con la conservación y preservación de un lugar tan especial como nuestro Yasuní. Posiblemente lo más lógico hubiese sido unir esfuerzos de seguimiento, cuidado, veeduría para asegurar la conservación de nuestro tesoro natural con el apoyo y uso de tecnología como se realiza en otras partes del mundo.