Con virulencia e inusual cohesión en el objetivo común de desacreditar al gobierno del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, los medios de prensa opositores demostraron la afirmación oficial de ser los principales adversarios de la Revolución Ciudadana.
Convertida en una campaña en la que se jugaba la relegitimación de Correa, luego de ganar cinco elecciones seguidas después de asumir el poder en 2007, la pretensión de la consulta popular ha sido combatir a fondo el principal argumento de la oposición: la inseguridad ciudadana.
De las 10 preguntas a consulta, cinco tienen carácter de referendo, pues implican reformas a la Constitución aprobada en Montecristi en 2008, precisamente a propuesta de la Revolución Ciudadana.
La intención de esas primeras cinco es dar un adiós a la actual impunidad de los delincuentes ante jueces corruptos y mecanismos que favorecen la liberación de criminales, evitar los conflictos de intereses y reformar radicalmente el ineficiente sistema judicial.
Las otras cinco interrogantes ponen un freno al enriquecimiento ilícito privado, protegen a los jóvenes con la prohibición de casinos y salas de juego y de los espectáculos que tienen como finalidad dar muerte al animal.
También establecen la necesidad de una ley de comunicación que regule, mediante un consejo, la difusión, contenidos lesivos a la niñez en determinados horarios y otra que tipifique como delito la no afiliación de trabajadores al Seguro Social por sus empleadores.
Resulta diferente que la prisión preventiva no caduque por maniobras provocadas por la persona procesada o sus abogados, como ha ocurrido en más de cuatro mil casos en Ecuador en los últimos tiempos, o que delitos graves, como asesinato o violación, no sean merecedores de fianzas.
En miles de folletos distribuidos en todo el país, el evitar conflictos de intereses entre empresas de comunicación privadas y los grandes bancos o empresas que manejan el poder económico, la oposición lo presenta como un adiós a la libertad económica y de trabajo.
Las preguntas cuatro y cinco referidas a la reestructuración del sistema judicial, pese a establecer claramente procedimientos transparentes para ello con observadores imparciales y control social, la oposición las mostraba como supeditación de la justicia al Ejecutivo.
El tipificar como delito el enriquecimiento privado no justificado fue presentado a la población no familiarizada con términos legales como que, "para el Gobierno, todos somos sospechosos", en tanto lo de los casinos y juegos de azar es una “limitación a nuestras libertades”.
Para entender el trasfondo de esta contienda electoral, que ha logrado dividir el espectro político entre quienes apoyan al Gobierno y quienes se oponen, es preciso remitirnos a los actores de esta batalla y al principal escenario en que se libraron los enfrentamientos.
El presidente Rafael Correa, como promotor de la consulta y líder del gobernante Movimiento Alianza PAIS, se ha multiplicado para explicar cara a cara en todos los rincones de Ecuador los beneficios de votar por el Sí frente a la labor sistemática de los medios opositores llamando al No.
La popularidad de Correa inclinó las encuestas hacia una previsible victoria del Sí, mientras la oposición combinada de muchos medios de prensa privados, sus aliados estratégicos internacionales y la oligarquía nacional, utilizaron todos sus recursos por el No.
Una reciente denuncia del Gobierno puso en evidencia el entramado que une a los dueños de los principales medios de prensa con el capital financiero privado, los grandes negocios y los causantes de la crisis bancaria de 1999, que estafó al país miles de millones de dólares.
Pese a la avalancha mediática en contra de Correa y su gobierno, desempolvando incluso viejos cables de WikiLeaks en el infructuoso intento de desacreditarlos, la popularidad del Mandatario siempre inclinó a su favor la mayoría de las encuestas.
El resultado de la votación de 11,2 millones de ecuatorianos constituye, sin dudas, un indicador del respaldo al gobierno de la Revolución Ciudadana, de cara a las elecciones presidenciales de 2013.
Pero también esta campaña anticipó las acciones a que están dispuestos quienes pretenden impedir la anunciada radicalización de la revolución, y puso de nuevo sobre el tapete las lecciones del fallido intento golpista del pasado 30 de septiembre.
Así lo entendió el gobernante Movimiento Alianza PAIS al poner entre sus primeras prioridades la organización nacional del millón y medio de afiliados mediante una estructura ágil y movilizadora desde las propias bases, y en la voluntad reiterada del Ejecutivo a favor de las mayorías humildes.
También lo entendieron los opositores y sus auspiciadores de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), al intentar que los medios privados de la prensa opositora y un sector de la Iglesia jueguen con este Gobierno el mismo papel que contra el general Eloy Alfaro en 1912.
*Director de Prensa Latina para Ecuador