El sexto poder del Estado se llama “delincuencia organizada”. Históricamente el estado ecuatoriano y siguiendo una tradición universal desde que nació como tal en el año de 1830 contó con tres poderes: ejecutivo, judicial y legislativo. Y desde la “revolución de papel” se crearon dos funciones más como son la de transparencia y control social y la electoral, lo que ha permitido que crezca considerablemente el tamaño del Estado, sin buenos resultados. Es decir, ahora el Ecuador cuenta con cinco funciones o poderes, y casi todos deslegitimados a esta edad de la patria, lo que nos hace pensar que estamos a las puertas de pedir la convocatoria a una nueva constituyente con capacidad de derruir esta estructura perversa que no ha dado los mejores frutos para el bien general de la sociedad.
El sexto poder del Estado, nacido desde lo fáctico, es la “delincuencia organizada”. Y es que este “poder” al parecer brotó allá por el año 2010 lo que se evidencia con la lectura de un libro que se dice se mandó a confiscar a los pocos días de haber salido de la imprenta, convirtiéndose en un libro prohibido porque al parecer es revelador de una realidad que no estaba a la vista del común de los mortales.
Este “neo poder” cumple una función desestabilizadora, irrumpe con la paz y la seguridad ciudadanas, que son derechos de las y los ecuatorianos, invocados todos ellos por los mandatarios de turno pero que poco o casi nada han hecho para la vigencia de los mismos. Este “poder fáctico” por lo tanto real, es el que dirige los destinos de la patria, está formado por grupos de personas que tienen una relación continua y obtienen ganancias por medio de una variedad de actividades delictivas y clandestinas con fines de lucro.
Este “poder” es el más poderoso de los poderes o funciones del Estado ecuatoriano, el más tenebroso, de tal suerte que tenemos una patria ensangrentada, insegura, violenta, armada y desarmada, amén de la inseguridad jurídica producto de una justicia amañada, con unos “jueces de alquiler” blindados curiosamente por dos resoluciones de la Corte Constitucional, que señala que los jueces en materia constitucional no prevarican y que el error inexcusable debe ser calificado por los jueces superiores, en buen romance, dice la abuela de la casa, que entre bomberos no se pisan las mangueras.
Al parecer las instituciones del Estado con las excepciones que pueden y debe haber, están al servicio de este sexto poder, y ellos obviamente a su merced, y para muestra basta un botón, los habeas corpus que son pan de todos los días, lo que ha llevado a la desnaturalización de la más antigua de las garantías constitucionales.
Y es que este “poder”, hasta hace poco subterráneo, hoy visibilizado, desde el Carchi al Macará y en la costa ecuatoriana, ha construido un país preso del terror en donde el sicariato y la violencia en las cárceles son su mejor carta de presentación, sin que el gobierno de turno pueda dar respuestas prontas y oportunas en salvaguarda de la paz y seguridad ciudadanas que son patrimonio del ecuatoriano y no una dadiva o concesión gubernamental. El decreto que permite el porte y tenencia de armas puede ser disuasivo, pero no ataca de raíz a la enfermedad: la delincuencia organizada, el sexto poder en la mitad del mundo y en pleno siglo 21.