Uno de los grandes problemas del Ecuador es la fragilidad de las instituciones jurídicas, y también por ende el poco respeto a las leyes, empezando por la ley suprema que gobierna un país, que constituye la base fundamental o los cimientos sobre los que se construye un Estado. Me refiero a la Constitución de la República.
Cuando esa falta de respeto parte de quienes deben defenderla, protegerla, velar por su cumplimiento, las cosas no están bien. Como no lo estuvieron cuando en el año 1997 se irrespetó la norma constitucional y se eligió a un presidente interino, figura no existente en la normativa legal ecuatoriana y se desconoció el derecho de quien ejercía en ese entonces, por voto popular, la vicepresidencia de la república.
Esa ruptura constitucional abonó para las sucesivas debacles en las que ha caído el país, Se sintió como que todo era válido, como que no importaba el acatar la ley, cuando quienes debían respetarla más que nadie, los legisladores de la época, dentro del Congreso Nacional, hicieron caso omiso de la misma.
Muy pocos ven en esa ruptura constitucional el punto de partida de la falta de institucionalidad del país, y me parece que esa carencia de visión, alienta lo que sucedió en los años subsiguientes y que se perpetúa en los tiempos actuales.
En este sentido, parecería que es intrascendente el respeto a la ley, cuando de eso depende la seguridad jurídica de un estado, que a su vez atrae la inversión nacional y extranjera, proporciona certidumbre a los ciudadanos de cualquier estrato social, de cualquier credo político, y por lo tanto hace que las sociedades prosperen.
La ley no puede ni debe acomodarse a las intenciones o necesidades de los gobernantes, ese debe ser un principio inquebrantable. Podemos discrepar de la ley, someternos a los mecanismos conducentes para cambiarla, si es necesario, pero no desconocerla, tergiversarla o pasar por encima de ella.
Eso es lo que deber primar, ese espíritu y análisis prevalecer a la hora de determinar la situación de la actual vicepresidenta de la república, lo otro, el desconocimiento de la norma constitucional, solo abonará a un mayor descalabro del estado, de sus instituciones y de la vida nacional.