Parece natural el deseo de cualquier nuevo Presidente de la República de operar cambios trascendentales para el beneficio de la nación. Tanto es así que en momentos de derroche de autoconfianza y optimismo algún nuevo mandatario expresó su voluntad de refundar la Patria. Expresiones semejantes se han dado en otros países latinoamericanos cuando la euforia de los nuevos posesionados desborda a la razón.
La verdad es que los más loables afanes que gobernante alguno pueda tener, chocan con las limitaciones que las leyes establecen. En el gobierno de la década 2007-2017, fueron aprobadas una gran cantidad de leyes orgánicas. Muchas de ellas muy malas y cuya eliminación o modificación requiere una mayoría de dos terceras partes en la Asamblea, situación difícil de conseguir. Sin duda la gestión del poder ejecutivo, mediante la dirección del Presidente, puede lograr cosas significativas aunque, reformas trascendentales, deben pasar por la Asamblea. De otro lado, aún con mayoría calificada en la Asamblea, la ejecución de procesos contemplados en nuevas leyes o en la modificación de otras, toman bastante tiempo como para que, en un período de cuatro años, puedan ser implementadas cabalmente. Si a esto añadimos la idiosincrasia del “borra y va de nuevo”, propia de nuestra cultura política, es poco lo que se puede avanzar, especialmente en cuatro años. Con el expresidente Correa, se inauguró la reelección presidencial inmediata con lo que, potencialmente, un gobierno dispondría de ocho años, tiempo suficiente como para poder implementar y evaluar las acciones que podrían ser transformadoras. Creo, sin embargo, que la reelección presidencial no es una buena idea porque facilita la estructuración de gobiernos demagógicos que, durante cuatro años, construyen su reelección a base de acciones populistas, lo que se ha dado en llamar “clientelismo”.
Un período de seis años, sin reelección, parecería más razonable en tanto ofrece mayor tiempo para ejecutar las acciones que responden a una estructura de pensamiento político y que no estarían condicionadas por un afán de reelección. Si acaso el Presidente Lasso contempla reformas constitucionales vía plebiscito, éste podría ser uno de los temas consultados. Un período de seis años, sin reelección, coartaría la demagogia y el populismo y aumentaría la posibilidad de implementar cambios importantes que, en cuatro años, resulta muy difícil. Se argumentaría que ocho años son mejor que seis, pero, la verdad es que, un Presidente no populista casi con seguridad no sería reelegido con lo que, en la práctica, ocho años constituyen una utopía.