El Perú es país diverso, de contrates y de historia económica compleja. A fines de los ochenta, bajo las directrices de su asesor, Daniel Carboneto (PREALC), el presidente Alan García aplicó un modelo heterodoxo que terminó en hiperinflación (7.649%), déficit fiscal, contracción económica, déficit en Cta. Cte, agotamiento de la RMI, depreciación acelerada de su moneda y un nivel de subempleo del 75%. Frente a esta situación, el gobierno de Fujimori aplicó, en 1990, un programa de estabilización ortodoxo draconiano y uno de ajuste estructural logrando estabilización de precios y privatización del sector público, pero a costa de una fuerte recesión y un alto costo social. Después del derrocamiento de Fujimori, le siguieron el gobierno de Toledo (2001) y el de García (2006), reelegido pese al desastre económico de su primer gobierno, una paradoja política. Estos gobiernos apoyaron el modelo económico primario exportador basado en extracción y exportación de minerales, así como de materias primas y bienes de consumo primario.
Desde inicios del año 2000, por las condiciones externas favorables, dicho modelo generó resultados económicos espectaculares. En efecto, la tasa de crecimiento anual promedio entre 2002-2008 fue de 6,8%, impulsado por la evolución de la minería de cobre, plata y oro (6,1% promedio anual y 60% de las exportaciones); baja inflación, superávit fiscal, superávit en la Cta. Cte., alta inversión (gracias a la inversión extranjera directa), aumento de exportaciones en 400%, niveles de reservas internacionales altísimos (las mayores de su historia económica), baja deuda externa/PIB. Por efecto de la crisis financiera internacional, la tasa de crecimiento cae a 0,9% en 2009, para volver a su tasa histórica en el 2010. Los indicadores macroeconómicos son positivos.
Sin embargo, en términos sociales, los resultados del modelo van en sentido contrario. El coeficiente de Gini pasó de 0,6 (2004) a 0,5 (2009), lo que significa que la desigualdad apenas se redujo una décima en un quinquenio. Por otro lado, entre 2002-2010 el ingreso per cápita se incrementó 50%, pero los salarios en el sector privado sólo aumentaron 9% y los del sector público se redujeron en 3%. Si bien, en dicho periodo la pobreza ha disminuido, hay 10 millones de pobres que equivalen al 34,8% de pobreza total (2009), donde la rural es del 60,3% y la urbana 21,1%; la pobreza extrema alcanza el 11,5% o sea 3 millones de personas. Hubo escaso gasto social para compensar la situación y, en general, la política social fue muy débil.
Por otro lado, el problema en el mercado de trabajo es crítico. Así, entre 2002-2009 el desempleo promedio anual fue de 9% y el sector informal urbano (SIU) alcanza cerca de la mitad de la PEA, o sea alrededor de 10 millones de personas. El modelo no ha sido capaz de resolver el problema estructural del desempleo y subempleo, principalmente en el área rural.
El modelo económico es exitoso desde el punto de vista económico, pero dependiente del sector externo, de las exportaciones, lo que muestra su debilidad, pues con la crisis financiera mundial del 2009 la economía se contrajo; pero en términos sociales sus resultados son pésimos. La desigualdad, la pobreza, la situación del SIU y el deterioro de las condiciones de vida de un tercio de la población explican la decisión electoral de votar por un cambio de modelo económico, esperanzados en la mejora de las condiciones sociales de la población pobre y marginada, sobre todo del área rural.