Hace poco circuló un manifiesto que cuestionaba el actual sistema de ingreso universitario. Su punto crítico: la prueba de aptitud (ENES) que no favorecería “la democratización” y profundizaría las “desigualdades e injusticias”. La base de la crítica: medidas y estudios sobre pruebas de admisión en otros países. Y aunque dice que “no se trata de regresar a él”, en última instancia propone retornar al llamado “libre ingreso” sobre la base del respeto al “principio de un acceso universal y gratuito”.
El manifiesto sostiene que el principio de gratuidad que hoy tenemos es “una conquista de las luchas estudiantiles de décadas pasadas”. En realidad, la Constitución de 1998, en cuya hechura participaron militantes de partidos a los que pertenecen varios de sus firmantes, eliminó la gratuidad terciaria, ante lo cual estas fuerzas y sus movimientos estudiantiles ni chistaron, instalándose en las casas de estudio un silencio cómplice con el manejo mercantilista. De hecho, la recuperación de la gratuidad con la Constitución de 2008, fue y es una expresión de la voluntad política democratizadora de la Revolución Ciudadana frente a la privatización neoliberal de la educación superior, en la que estuvieron comprometidas dichas fuerzas.
Por otra parte, antes de 2011 no existía un sistema de ingreso. Las universidades no obedecieron a la Constitución (1998) que ordenó su creación. Por cierto, cualquier sistema debe basarse en criterios de admisión, pues el número de cupos es limitado. De no establecerse, el procedimiento se torna discrecional, como en el caso ecuatoriano desde el establecimiento del libre ingreso (1969): mediante inscripciones de aspirantes, según los turnos de llegada a las colas que se formaban, día y noche, en los exteriores de las IES públicas. En una facultad que conozco, la inscripción duraba un día. Si se quedaban fuera del cupo, se activaban las ‘palancas’; si eran admitidos, iban a la ‘nivelación’, gestionada por las asociaciones estudiantiles y así convertida en espacio de clientelismo partidista. ¿Era justo ese mecanismo o, por el contrario, evidenciaba las “inclusiones desiguales o discriminatorias” de las que habla Amartya Sen?
Al abordar las alternativas, el manifiesto menciona el sistema de ingreso a la Politécnica Nacional (EPN) -en las antípodas del ‘libre ingreso’-, basado justamente en una prueba de aptitudes -que “en mucho se parece” al actual sistema, según un exrector-, complementado con un riguroso prepolitécnico, pese a lo cual la EPN siempre ha tenido una alta demanda, porque la juventud aspira a una educación de calidad. Más allá de los resultados del sistema vigente, que no es objeto de este artículo, esta experiencia ecuatoriana prueba todo lo contrario a lo sostenido en el manifiesto: que un acceso que combina mérito y equidad (v.gr, becas, cuotas) es más democrático y justo que el mecanismo discrecional del pasado, del que solo se beneficiaron las fuerzas clientelares y mercantilistas, responsables del deterioro de la calidad de la universidad pública del país. (O)