Mal hacen ciertos “apistas” en defender el legado de la década pasada encubriendo la corrupción de las decenas de sinvergüenzas, excolaboradores de Rafael Correa, que paulatinamente continúan emergiendo de las tinieblas de la impunidad. Hacen mal, porque sería muy pobre lo recibido por el país de su Gobierno si con estas actitudes se lo intenta proteger. Los aciertos de Correa en la conducción del país son considerables, así como y propio de su personalidad los errores también, pero es indudable que lo positivo no va de la mano ni es necesario cuidarlo ocultando la podredumbre que ha prevalecido en casi todos los sectores.
Sin embargo, a aquellos que ahora pretenden proteger su recuerdo les preguntaría, ¿qué hicieron en su momento para advertirlo, aconsejarlo o avisarle lo que estaba sucediendo? y esto en el mejor de los casos, pues no podemos soslayar a aquellos que usufructuaron personal o familiarmente de su posición, de su cercanía con Correa para enriquecerse a costa de los recursos públicos.
La Asamblea Nacional es la trinchera del “apismo” radical, desde donde algunos mueven los hilos de otras instancias del poder cuidándose unos a otros, proclamando la supuesta entrada a galope de la agenda de la derecha política en Carondelet.
Pero no, eso es parte del cuento, en realidad se trata de proteger cargos y posiciones personales o familiares que se acostumbraron a tener y se resisten a dejar. A aquellos que han tomado el estandarte del progresismo y de los derechos ciudadanos defendiendo el modelo de país, les preguntaría: ¿qué hicieron en defensa de los intereses nacionales y recursos públicos mientras al Ecuador se lo llevaban en peso?
Solamente revisar la cantidad de dinero que se escabulló a través de los procedimientos especiales de contratación pública da escalofríos. Conocer el total de informes con indicios de responsabilidad penal que salieron de la Contraloría y ni siquiera ingresaron a la Fiscalía, provoca indignación. Captaciones ilegales y lavado de dinero totalmente desapercibidos para los órganos de control.
Acaso los “apistas” con el control absoluto del Parlamento, en su calidad de máximos fiscalizadores y jueces políticos de las autoridades y órganos de control del país ¿ejercieron alguna acción en defensa de los recursos públicos? ¿examinaron la labor de la Fiscalía General del Estado, de la Contraloría General, de alguna Superintendencia quizás? ¿recogieron las denuncias de los perjudicados y auditaron las designaciones y los concursos de méritos y oposición del Consejo de Participación o del Consejo Nacional de la Judicatura?
Si la tarea constitucional y cívica no fue cumplida por el controlador de los controladores, ni siquiera parcialmente, preguntamos a algunos: ¿De dónde la autoridad moral de los “apistas” a ultranza para oponerse a los cambios que el actual Presidente considera necesarios en la institucionalidad y contra la corrupción del país? ¿qué hicieron que el país no conoce para proteger el legado y la honestidad en la gestión pública? El legado de Correa se lo debió defender desde el principio, purgando la revolución ciudadana y excluyendo a los pillos a pesar de los afectos, desafectos u órdenes expresas de este. Claro, para ello se necesitaba entereza, integridad y responsabilidad cívica en su momento, ahora es tarde. (O)