La Desnutrición crónica infantil (DCI), es una problemática multicausal de extrema preocupación para la sociedad, la cual debe poner en valor a la niñez como cimiento de un futuro prometedor. Este estado patológico afecta al desarrollo cognitivo que impacta los procesos de enseñanza y aprendizaje, la motricidad fina y gruesa, retrasa el crecimiento, genera riesgo de contraer enfermedades como diabetes e hipertensión, sobrepeso y obesidad, ocasiona limitada capacidad productiva, y dificultades para la inserción laboral y social. Ecuador es el cuarto país de la región con mayores índices de DCI, luego de Honduras, Haití y Guatemala. Urge conocer a fondo el problema, dimensionar los efectos y combatirlo; no más niños sombríos y tristes.
Varios factores explican este apremiante asunto de salud pública. Como es obvio, tiene que ver con una deficiente alimentación, pero, además, con falta de acceso al agua potable, saneamiento e higiene, con la prestación deficiente y tardía de servicios de salud a las madres gestantes, esquemas de vacunación aplazados y ausencia de control de niños durante los primeros 1000 días contados desde la gestación, falta de consejerías. La pobreza en el hogar es también una causa rotunda.
Según el INEC (2023), el 1% de menores de 2 años presenta DCI; la sierra rural es la región con mayor porcentaje, 27.7% de niños sufren de desnutrición crónica; en el 20% de los hogares más pobres del país, la DCI afecta al 24% de los niños menores de 2 años; las provincias con mayores niveles de DCI son Chimborazo con el 35.1%, Bolívar con el 30.3% y Santa Elena con el 29.8%; el 33.4% de los niños indígenas menores de 2 años sufren este mal, comparado con el 2% de niños mestizos, 15.7% de niños afroecuatorianos y 15.0% de niños montubios.
La DCI causa impactos económicos y sociales; el Programa Mundial de Alimentos y la CEPAL informan que los costos de la malnutrición son de 4.3% del PIB, respecto a salud, educación, cuidado y pérdida de productividad. En definitiva, es prioritario contraer los índices de DCI, al efecto, el Estado debe contar con políticas públicas efectivas, planificar a largo plazo y destinar recursos suficientes, vinculando la cooperación internacional con la de instituciones nacionales y del sector privado. Los esfuerzos en esta línea elevarán la calidad de vida de decenas de miles de niños, quienes merecen tener óptimas condiciones para lograr un proyecto de vida digno y prometedor.